El Juzgado de lo Penal número 1 de Córdoba ha dictado una sentencia en la que condena, por un delito contra la ordenación del territorio, a un año de prisión y doce meses de multa a razón de 8 euros diarios a María Teresa Simón, una mujer de 35 años que ha levantado su vivienda sobre lo que era un gallinero en una parcelación de la carretera del Aeropuerto. El juez ordena además la demolición de la edificación en un plazo de tres meses para restablecer el estado anterior del espacio ocupado por la obra.

La construcción, que tiene solo 30 metros cuadrados de planta y está sin terminar, es la única vivienda de la encausada, que tras cerrar un negocio, atravesar una mala racha y estar de alquiler un tiempo, se vio obligada a pedir alojamiento en casa de amigos y familiares e, incluso, cuenta que alguna noche tuvo que dormir en un coche.

Ante esa situación, decidió aprovechar una parcela heredada de su padre en la que había un gallinero, para intentar hacer en ella su hogar, unas obras en las que, dice, además, «me han engañado los tres albañiles que han trabajado en ella».

La obra consta solo de dos estancias: una planta baja donde hay espacio para cocina y salón (sin divisiones) y un pequeño aseo y una segunda, con el espacio justo para la cama. Todo ello permanece sin enlucir y lejos de que la conclusión esté próxima. Para levantarlo, Teresa explica que ha pedido préstamos que ahora le han hecho estar cargada de deudas (algunas con Hacienda), al carecer de recursos para afrontar los pagos.

«Si me hacen hundirla no sé qué voy a hacer», se lamenta ante este periódico, y se queja de que ella se ha criado en esa zona, rodeada de grandes edificaciones y casas ostentosas y no comprende por qué ella tiene que hundir lo poco que tiene y su única salida para contar con un techo bajo el que vivir.

Sin embargo, la sentencia es clara y contundente. Donde ella dice que solo ha «arreglado un gallinero», el juez explica que no cabe duda de que «se trata de una construcción, que cambia la configuración original de la zona afectada». En segundo lugar, indica la sentencia que «la edificación no estaba autorizada» y que no es posible su concesión, porque no tenía licencia, «ni tan siquiera solicitud de la misma».

Por lo tanto, la acusada no tenía permiso para levantarla.

Además de carecer del permiso, explica el juez que «la construcción no estaba autorizada y sigue sin ser autorizable», porque no lo es la zona en la que se encuentra, aunque la abogada de la mujer defendió que en la misma existen otras muchas edificaciones.

Sobre este asunto, Teresa muestra su desesperación: «Todo esto está lleno de viviendas y no les ha pasado nada, ni multa siquiera, y yo, que no tengo nada, solo muchísimas deudas y no tengo otro sitio donde vivir, a mí es la que están asfixiando y me la quieren tirar abajo, cuando es la más chica. ¿Por que a mí? Yo soy la persona que más lo necesita y la que menos ayudas tiene». «Lo mío no es para lucro ni de lujo -señala-, lo único que quiero es que me dejen vivir».