Muchos concursos de obras se eternizan. Da igual cual sea la administración responsable, ya que todas cuentan con proyectos que se licitan y que tardan una media de nueve meses en resolverse, el doble de lo habitual. Si a eso se une el tiempo transcurrido desde la adjudicación al inicio de los trabajos, hay iniciativas que tardan casi un año entre que salen a concurso y comienzan. Las razones de esta demora, que no es nueva, ya que en los últimos años de la crisis también ocurría, son varias y entre ellas se encuentran las bajas desproporcionadas, la gran cantidad de empresas que aspiran a realizar una obra, la escasez de personal en los distintos órganos que intervienen, las exigencias de la normativa o que las adjudicatarias renuncian antes de empezar al darse cuenta de que no pueden ejecutar el proyecto.
Templo y Regina
El Ayuntamiento tiene un par de iniciativas incluidas en el Plan Turístico de Grandes Ciudades que fueron aprobadas como procedimientos urgentes en la junta de gobierno local del 1 de septiembre del 2017, hace nueve meses, y que aún no están en obras: la segunda fase del Templo Romano y la restauración del convento Regina. Entre la licitación del Templo Romano, que se produjo el 25 de septiembre del 2017, y su adjudicación definitiva en abril pasado, han transcurrido siete meses, aunque desde diciembre ya se sabía que Arquepec, que hará la obra por 338.025 euros, era la empresa con más puntuación. Sin embargo, el contrato no se ha formalizado hasta el 11 de junio y las obras aún no han empezado.
La primera fase de la restauración del convento Regina salió a licitación el 16 de octubre del 2017 y fue encargada a Construcciones y Desarrollos Tudmir el 16 de marzo del 2018, cinco meses después, por 562.468 euros. El contrato se formalizó el 2 de abril, por lo que quedaba todo casi listo para el inicio de las obras, que tampoco han empezado. La empresa no se presentó en dos ocasiones al acto de replanteo, por lo que el Ayuntamiento da por hecha su renuncia a ejecutar los trabajos, que se retrasan hasta que decida quién los llevará a cabo. En el Templo Romano se produjo una rebaja del presupuesto de licitación del 15% y en Regina, del 21%, cifras que están por debajo de la media de reducción que ofrecen las empresas, que se sitúa en torno al 30%. En ambas el tiempo apremia porque los trabajos deben estar en marzo del 2019.
Archivo y otros
La junta de gobierno local aprobaba como concurso urgente la reforma del Archivo Histórico municipal el 1 de diciembre del 2017, presupuestada en 2,6 millones. El concurso se inició un mes después y casi seis meses más tarde continúa sin adjudicar. La empresa más valorada, Ingeniería de la Construcción Cordobesa, ha quedado excluida por no cumplir con los requisitos, por lo que se ha pasado a la siguiente de la lista, la UTE Magtel Operaciones y Martín Casillas, a la que el Ayuntamiento ha pedido documentación y, cuando esté completa, hará la propuesta de adjudicación.
Urbanismo tiene otras tres actuaciones pendientes de encargo. Una es sencilla, la adaptación del solar del antiguo Cine Andalucía para su uso provisional como espacio para el ocio. La licitación, a la que optaron veinte empresas, se produjo el 25 de enero del 2018 y ha tardado menos tiempo en resolverse. A mitad de mayo ya se conocía la empresa elegida, Sefoma, pero los trabajos, encargados por 108.447 euros, aún no han empezado. Más complejos son los concursos para reiniciar obras que llevan años paradas, como un tramo de ronda Norte y la urbanización de la antigua azucarera de Villarrubia, que recibieron el visto bueno de Urbanismo en diciembre pasado. La ronda salió a concurso el 20 de enero del 2018 por 10 millones y está pendiente de adjudicación, mientras que la obra de la azucarera fue licitada el 26 de febrero por 3,9 millones y se encuentra en idéntica situación.
Cuarta nave
Siete meses transcurrieron entre que la Junta sacó a concurso por 3,9 millones el reinicio de la cuarta nave del parque logístico (obra parada en el 2017 y que necesitó la resolución del contrato) y el comienzo de su construcción en mayo. Al concurso se presentaron 20 empresas y hubo varias adjudicaciones fallidas, ya que las elegidas renunciaron a la ejecución al no considerar el proyecto viable. Tras esas vicisitudes, Fonsán Gestión y Construcción es la que ha retomado la obra, que hará por 2,2 millones.
Aunque la adjudicación del colegio de Turruñuelos se ha hecho en un tiempo récord (dos meses), otras iniciativas no han corrido la misma suerte, como la restauración del castillo de Belalcázar o la reforma del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. La obra del castillo salió a concurso hace un año y el 2 de febrero se formalizó el contrato. Lorquimur hará los trabajos por 929.984 euros (un 28% menos de lo licitado), que se han demorado al necesitar otro concurso para la dirección facultativa, que fue recurrido. Once meses ha tardado en empezar la reforma del Ayuntamiento de Peñarroya, licitada en julio del 2017 y adjudicada a Detea en diciembre por 2,6 millones (un 29% menos de lo presupuestado). También ha hecho falta seleccionar dirección facultativa.
Los 3,2 kilómetros de carriles bici que ejecuta la Junta, obra iniciada en noviembre pasado, también necesitaron su tiempo, ocho meses para la adjudicación a Ferrovial por 1,8 millones (un 30% menos de lo licitado) y nueve para el inicio. A ese concurso se presentaron 56 empresas.
Salida de la A-4 y CH-2
Diez meses ha precisado el Gobierno central para iniciar la obra para la nueva salida de la autovía A-4, a cuya ejecución optaban 53 empresas. El proyecto, licitado en julio, se adjudicó en diciembre a Díez y Compañía y Hocensa Empresa Constructora por 682.729 euros (un 31% menos del presupuesto) pero hasta abril no se formalizó el contrato y hasta mayo no empezaron los trabajos que persiguen eliminar los atascos en el punto 403. Otros diez meses han transcurrido desde la licitación por el Gobierno del último tramo de la CH-2, el de Almodóvar, en obras desde hace unos días. El proyecto salió a concurso en agosto del 2017 y fue adjudicado ocho meses después, en abril, aunque el contrato no se formalizó hasta mayo. En este caso ha habido una rebaja del 28% en el encargo hecho a Construcciones Glesa, que hará la actuación por 304.200 euros. Dos obras del Gobierno más antiguas, la limpieza del río y la primera fase de la CH-2, que empezaron en el 2016 y acabaron el año pasado, necesitaron 11 y nueve meses, respectivamente, entre la licitación y el comienzo. Esos concursos atrajeron a más de 60 empresas.
¿Qué está pasando?
Las respuestas son varias. El secretario general de la Asociación de Empresarios de la Construcción de Córdoba, Francisco Carmona, piensa que las administraciones «no están poniendo coto a las bajas desproporcionadas» y «en muchas obras surgen los problemas nada más iniciarse, y derivan en la resolución del contrato, o antes del comienzo aparecen las primeras diferencias, que llevan a las empresas a renunciar a la adjudicación». A su juicio, la ley de contratación «tiene suficientes resortes para que no se produzcan esas situaciones», por lo que le sorprende que «la administración siga empecinada en este tipo de prácticas». Carmona piensa que «la interpretación que los órganos de contratación hacen sobre la oferta económicamente más ventajosa es una interpretación perversa de la ley» y «no deja de ser una práctica que corrompe los principios generales y objetivos que persigue». Recuerda que «la oferta más ventajosa económicamente no es igual a la más barata, sino que es la que garantiza la correcta ejecución de la obra y la calidad». A esto se une que muchas empresas «no tienen suficiente implantación», lo que dificulta que puedan acometer las obras con esas rebajas. Ocurre además que, «al no exigirse garantía provisional, si la empresa se da cuenta de que no dispone de medios al coste presupuestado, pide la resolución del contrato» y la administración se ve en la tesitura de no poder exigir daños y perjuicios.
Juristas
«La nueva ley de contratos no favorece nada», ya que «es muy compleja» porque «quiere establecer muchas garantías» y «exige más requisitos», por lo que «ralentiza la actividad diaria». Eso opina uno de los abogados de los servicios jurídicos de una de las administraciones. A esto se unen -añade- factores como que «las administraciones no se han puesto las pilas para formar al personal en contratación» antes de la entrada en vigor de la ley, la cantidad de subsanaciones que exigen las mesas de contratación al no presentar las empresas bien la documentación, y los expedientes que echan para atrás los departamentos jurídicos porque no están bien justificados. Esta fuente señala que son muchos los departamentos que informan de los expedientes y «los técnicos tienen cada vez más miedo a equivocarse» porque «desde el 2010 la corrupción se da más en la contratación que en el urbanismo».
Otro abogado responsabiliza al departamento de contratación de las demoras y asegura que la mayoría de los expedientes que llegan a los servicios jurídicos se echan para atrás «porque vienen mal» y «hay que corregirlos». A esto se suma, según indica, la falta de personal, que hace que los expedientes «no se completen bien», debido a la «presión para que salgan adelante», o que tarden en informarse. Esta fuente admite que la nueva ley es «complicada» pero «no paraliza los expedientes».
Contratación
Fuentes del servicio de contratación de una de las administraciones tampoco cree que la nueva ley influya en la demora. No obstante, admite que el camino entre los trámites administrativos previos al concurso, los propios de la licitación y los posteriores, con los informes que necesitan de los servicios jurídicos y de Intervención, son largos y se complican con la petición de subsanaciones o de documentación. Añaden que los criterios subjetivos elevan el volumen de empresas que concurren, lo que aumenta la documentación que hay que valorar. En cuanto a los objetivos, la complicación se produce en las bajas desproporcionadas que hay que calcular, en la solicitud de justificación y en proceder a la exclusión de la empresa si no se admiten sus argumentos. Compás de espera hay también en la presentación de la documentación y de la garantía por parte de la firma que se perfila como adjudicataria, en su verificación, en la aprobación del plan de seguridad y en el acopio de material. Estas fuentes afirman que lo normal es que un concurso tarde entre tres y cuatro meses en adjudicarse (la mitad si es urgente), aunque las múltiples incidencias que se suceden alargan ese plazo.
