El nuevo mapa escolar de Córdoba fue acogido ayer con desigual aceptación entre los representantes de la concertada y la pública en un día de tránsito en lo que respecta al proceso de escolarización del próximo curso, que arrancó tras un puente festivo con una jornada extra sin clase por la celebración del día de la comunidad educativa. La Delegación de Educación de Córdoba publicó ayer, con bastante más retraso del habitual, las nuevas áreas de influencia que determinarán el número de puntos que recibirán las familias a la hora de matricular a sus hijos en los distintos centros escolares.

El presidente de Escuelas Católicas, Antonio Guerra, se mostró ayer bastante satisfecho con la nueva distribución de centros, que en su opinión, viene a «reforzar las opciones de las familias de Córdoba a la hora de elegir colegio para sus hijos». Guerra considera que «el nuevo decreto de escolarización», contra el que hay convocada una huelga educativa mañana, «se ha llevado a cabo desde el consenso, aunque tampoco es el que nos habría gustado a nosotros». Para Guerra, lo adecuado de cara al futuro sería «avanzar hacia la zona única de escolarización en la capital» para que «cualquier familia pueda decidir qué colegio escoger libremente». La presidenta de la Fapa Concertada, Mª Luisa Lucena, coincidió con Guerra en su valoración del decreto, si bien mostró sus reparos sobre «las casuísticas concretas que surjan en los distintos colegios» y cómo se garantizará la movilidad y accesibilidad del alumnado que acuda a los colegios e institutos del Centro desde zonas más alejadas. Cabe señalar que los centros concertados cuentan habitualmente con transporte escolar y los públicos no.

Por su parte, el presidente de Fapa Ágora, Paco Mora, mostró su total rechazo a la nueva distribución de zonas. «Es evidente que las zonas de influencia no se adaptan a las necesidades de las familias sino de los centros concertados, que se estaban quedando sin alumnos por la caída de la natalidad». Mora, que rechaza la idea de zona única, criticó, al contrario que Guerra, que «los cambios se hayan hecho sin consenso y sin consultar con los padres», al tiempo que insistió en que «el argumento de garantizar la libre elección de los padres es solo una excusa porque más del 96% de las familias obtuvieron plaza el año pasado en los colegios elegidos en primera o segunda opción». Tampoco le sirve a Mora la idea de ampliar las opciones «en los barrios de más expansión porque, que sepamos, la natalidad solo está creciendo en Arroyo del Moro, en el resto está parada».

Del mismo modo, Fapa Ágora criticó que se vaya a eliminar el criterio de proximidad al domicilio como elemento base para la conciliación de las familias, «potenciando traslados y desplazamientos innecesarios» y, sobre todo, «que la Junta intente atraer público a los centros concertados a costa de cerrar unidades en los públicos, algo que tendrá efectos muy negativos a largo plazo si se desmantela la escuela pública».

La pelota está ahora en el tejado de los padres, que, con zonas tan amplias, tendrán que pensar mucho qué centro elegir para tener garantizada una plaza.