Uno de los escollos del urbanismo es que los trámites se han complicado y tardan más. En eso coinciden los dos arquitectos, Antonio Portillo y Luis Giménez Soldevilla, y el abogado, Cecilio Valverde, que durante dos días han participado en el debate Problemática urbanística en Córdoba, organizado por el Colegio de Arquitectos, del que salieron propuestas para agilizar planes y licencias.

Entre los problemas que citó Valverde está el de los múltiples informes vinculantes de organismos, administraciones y empresas suministradoras, que son «un escollo muchas veces insalvable en la tramitación de los planes». Esto produce «gran inseguridad jurídica», a la que contribuye «la actitud pasiva de la administración local». A la «excesiva burocratización», se suma la exigencia de evaluación ambiental o los informes de zonas indundables. Ante esto, propuso dotar de medios técnicos y humanos a Urbanismo, reducir al mínimo el carácter vinculante de los informes y limitar al suelo no urbanizable el estudio ambiental.

Portillo se refirió al «excesivo cuerpo normativo» que «no se ha sabido absorber» y sugirió que se aplique el «sentido común». A su juicio, hay que acabar ya con el retraso de las licencias, que repercutirá negativamente en la economía, y propuso medidas como aprobar al inicio de cada mandato un organigrama que establezca mecanismos de control y exija responsabilidades. La regulación del silencio positivo es otra de sus propuestas, a la que se suma que haya tres tipos de licencias, las de obra menor y mayor (en la que Urbanismo debe centrarse en supervisar aspectos de planeamiento, «la envolvente del edificio»), y la intermedia, con trámites más ágiles. Además, planteó que se dé información urbanística exhaustiva con penalización económica en caso contrario -exención de tasas-, y que las licencias finales de obra se dividan en dos fases.

Giménez Soldevilla lamentó que «la tramitación del planeamiento se está volviendo imposible» y que se tarda entre 10 y 12 años en sacar adelante un PGOU, tiempo en el que «cambia la perspectiva de todo» y se dan pasos adelante y hacia atrás. Lo mismo ocurre con planes especiales y parciales, cuyos plazos «se eternizan». A esto se suma la pérdida de autonomía por parte de los ayuntamientos.