El Colegio de Abogados de Córdoba (ICA) ha pedido la colaboración de sus colegiados para recabar toda la información posible sobre las incidencias derivadas de la notificación «indiscriminada» de asuntos, emplazamientos y plazos no urgentes que están llevando a cabo los juzgados de toda la provincia durante el mes de agosto. En este sentido, el decano del colegio, José Luis Garrido, informó a este periódico de que el pasado viernes remitieron a los colegiados un formulario en el que les pedían información sobre «las notificaciones de señalamientos de juicios o vistas de procedimiento no urgentes a celebrar entre los días 11 y 31 de agosto, así como la notificación de resoluciones cuyo plazo precluya entre ese mismo periodo».
Garrido recordó que después de que se establecieran como hábiles las tres últimas semanas de este mes para intentar agilizar la justicia tras el parón provocado por el coronavirus, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recomendó que solo se notificara aquellas cuestiones que fueran esenciales y que esta recomendación no se está cumpliendo, lo que afecta directamente al derecho al descanso y a la conciliación familiar de estos profesionales.
El decano señaló que las respuestas de los colegiados permitirán «acreditar todas las incidencias y emprender cuantas acciones y quejas estén en nuestra mano».
De momento ya cuentan con 75 respuestas, lo que en opinión del decano denota que los abogados «están motivados» y «sensibilizados» con este asunto y que «quieren que se tomen cartas en el tema porque realmente les están haciendo trabajar sin necesidad en el mes de agosto con notificaciones y plazos absolutamente inocuos». Se trata de cuestiones que, en su mayoría, «perfectamente podrían esperarse hasta septiembre».
Así, de las 75 respuestas solo 13 hacen referencia a señalamientos de juicios, mientras que unas 60 denuncian que se están recibiendo notificaciones no urgentes, como traslados de tasaciones de costas de asuntos que llevan más de un año de tramitación.
En cualquier caso, José Luis Garrido reconoce que desde que denunciaron públicamente la falta de cumplimiento de las recomendaciones del CGPJ, han notado que «el ritmo de las notificaciones se ha parado un poquito».
