El jueves pasado quedó visto para sentencia uno de los juicios más mediáticos que se recuerdan en Córdoba en los últimos años: el de La Manada de Pozoblanco. Trabajadores de 26 medios de comunicación locales, regionales y nacionales han acudido a la Ciudad de la Justicia para seguir la vista oral en la que han vuelto al banquillo de los acusados Antonio Manuel Guerrero, Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda y Jesús Escudero, condenados por una violación grupal en los Sanfermines del 2016 junto a Ángel Boza.
En la causa cordobesa, las acusaciones les imputaban, inicialmente, la comisión de supuestos abusos sexuales, un delito contra la intimidad y otro leve de maltrato (en el caso de Cabezuelo) sobre una joven que en el momento de los presuntos hechos (el 1 de mayo del 2016) tenía 21 años de edad.
Defensa y acusaciones han expuesto con vehemencia argumentos a favor y en contra de que el juez titular del Penal 1, Luis Javier Santos, admita las grabaciones de los tocamientos una vez que la primera reclamó su nulidad en las cuestiones previas. La decisión se adoptará en la sentencia.
Una confesión
En la primera jornada del juicio, los encartados se declararon inocentes y rechazaron declarar. Las sesiones finalizaron, sin embargo, con una confesión de José Ángel Prenda, que afirmó ante el tribunal que «reconozco haber grabado el vídeo desde el móvil de Antonio Manuel Guerrero y haberlo pasado sin el consentimiento de ninguno de ellos». Con esta declaración exculpó a sus amigos, al menos, de estos hechos.
De este modo, la defensa, que ha sido ejercida por el abogado Agustín Martínez Becerra, ha insistido en que la Policía Foral de Navarra halló los dos vídeos de los tocamientos a la víctima en una investigación prospectiva (rechazada por el Poder Judicial) y sin tener autorización judicial para este trabajo. Por esto ha solicitado que Luis Javier Santos acuerde su nulidad como prueba y también la absolución de los encartados. No obstante, ha planteado una condena alternativa para el caso de que el magistrado no atienda su petición. En ella, solicita para Prenda dos años de cárcel por un delito de maltrato de obra en concurso con otro contra la intimidad; para Escudero pide una multa de 180 euros por maltrato y para Cabezuelo y Guerrero, seis meses de prisión por un delito de vejaciones.
Los vídeos han sido el eje central de la vista oral, lo que se explica porque, según recordó Blas Arévalo, abogado de la acusación particular, el presunto delito de abusos sexuales quedaría demostrado en estas imágenes. Además, su rechazo podría afectar a otras pruebas relacionadas, dado que los agentes detectaron su supuesta difusión a los chat La Manada y El Peligro, y comentarios relacionados con estas imágenes, lo que contribuiría a demostrar el delito contra la intimidad.
El Fiscal rebaja la pena
El último día del juicio las partes presentaron sus informes finales, en los que todas modificaron sus calificaciones de los hechos a excepción de la acusación particular. El cambio más llamativo fue efectuado por la acusación popular, ejercida por la asociación Clara Campoamor. La letrada delegada de esta entidad en Andalucía, Patricia Catalina, modificó el supuesto delito continuado de abusos sexuales por otro de agresión sexual en el caso de Alfonso Jesús Cabezuelo. Así, pidió que se le impongan cinco años de privación de libertad al entender que lo cometió con violencia e intimidación. La abogada mantuvo la petición de tres años de cárcel para Guerrero, Escudero y Prenda por el supuesto delito continuado de abuso sexual y también los cuatro años y tres meses de cárcel para cada uno de ellos por un presunto delito contra la intimidad, además de una multa por el maltrato leve de obra para Cabezuelo.
De su lado, el Ministerio Fiscal, representado por Jesús Aparicio, redujo de tres a dos años de prisión la pena exigida por el supuesto abuso sexual, al considerar que no fue agravado. Continúa reclamando cuatro años de cárcel para cada uno por un delito contra la intimidad y una multa por las lesiones, que exige solo para Cabezuelo.
La acusación particular elevó a definitiva su calificación inicial de los hechos. En ella pide para los cuatro acusados dos años y medio de prisión por un delito continuado de abuso sexual, y cuatro años y tres meses por la presunta grabación y difusión de las imágenes.
Esta última y la acusación popular reivindican, entre otras penas, una indemnización de 80.000 euros para la víctima por los daños causados. Arévalo manifestó que la cuantía propuesta es similar a la de la causa de los Sanfermines.
«Desnuda en un coche»
Las imágenes fueron localizadas gracias a la investigación de los teléfonos móviles de los acusados, realizada con el consentimiento expreso de estos en la causa de Pamplona. El agente de la Policía Foral de Navarra responsable de la instrucción de las diligencias apuntó en el juicio que, tras localizar a la víctima, ella confirmó que había sufrido un incidente y recordaba «que apareció dentro de un vehículo desnuda», que uno de los encausados «le pidió una felación» a la que ella se negó y que «la golpeó».
De su parte, el policía que la encontró subrayó que cuando le informó de que podría ser víctima de un delito sexual «se echó a llorar y me dijo ‘Lo sabía, lo sabía, lo sabía, nadie me creía’». Este mismo agente indicó que se reunieron en un hotel de Córdoba. En ese viaje, la Policía Foral recabó pruebas que contribuyeron a confirmar que es la persona que aparece en los vídeos. Entre otras, fotografió el vestido que llevaba la joven en la noche de los presuntos hechos, que se encontraba roto o descosido.
«Echar la pelota al suelo»
Precisamente, el testimonio de los policías forales planteó uno de los momentos más tensos de la vista oral hasta el punto de que Luis Javier Santos llegó a pedir que se echara «la pelota al suelo». El magistrado aludió incluso a la posibilidad de que existiera animadversión previa entre la defensa de los procesados y el policía navarro que instruyó las diligencias. No hay que olvidar que Martínez Becerra ya defendió a La Manada en el juicio por la violación grupal de los Sanfermines. La jornada coincidió, además, con la noticia de la nueva condena de cárcel a Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo por la grabación de las imágenes de Pamplona.
Otro momento significativo fue la llamada de atención del juez a los acusados, que rieron al observar la precisión con la que uno de los agentes exponía su testimonio. El magistrado censuró sus gestos «jocosos».
El balance
En cuanto a las impresiones que el juicio ha dejado en los letrados, Blas Arévalo confió en obtener «una resolución favorable» y en que «el juez siga adelante con los vídeos como prueba», ya que esta «se ha conseguido respetando la legalidad jurídica».
De su parte, Martínez Becerra afirmó a la salida de la Ciudad de la Justicia que «hemos acreditado de manera indubitada que no había ninguna orden por parte del juez instructor para hacer ese trabajo». En esta línea, anunció que valorará la posibilidad de deducir testimonio a los policías forales porque «no dijeron la verdad».
La nueva petición de condena realizada por Clara Campoamor no fue entendida por el Fiscal ni por Arévalo y tampoco por este letrado, que comentó que se hizo «sin acreditar absolutamente nada, para que sea mañana el titular de prensa y otras 200 personas vengan aquí a decir que ‘No es abuso, es violación’». Patricia Catalina justificó que «se ha elevado la petición porque, a la vista de toda la prueba, considero que ha podido haber una agresión sexual». En este sentido, un testigo aseguró que la joven le telefoneó a las pocas horas de los presuntos hechos para decirle: «Peter, que me han violado», mientras que una psicóloga que la atendió testificó que la consecuencia ha sido «devastadora» para su vida.
