Seis meses después del inicio de la mudanza a la Ciudad de la Justicia trabajadores y usuarios continúan reivindicando mejoras en las nuevas instalaciones para subsanar los defectos que se están encontrando y adaptar el edificio a las necesidades del día a día. De este modo, pese a valorar las ventajas de contar con una construcción moderna (a la que se han destinado 67 millones de euros) profesionales y organizaciones sindicales solicitan actuaciones en cuestiones como las filtraciones de agua, la distribución de espacios o la climatización. Detrás de esta situación se encuentra una idea compartida y es que la Ciudad de la Justicia ha sido pensada para el funcionamiento de la nueva oficina judicial, que aún no ha llegado. La Junta de Andalucía continúa respondiendo a algunas peticiones e informa de intervenciones concretas en el nuevo edificio, cuya concesión administrativa recayó en Cijucosa.
El agua
La Ciudad de la Justicia cordobesa se asienta en una superficie de 51.000 metros cuadrados que con las primeras lluvias de otoño dejó al descubierto sus filtraciones de agua. Los espacios más afectados son los juzgados de lo Social y el servicio común de notificaciones y embargos (los dos bajo patios), pero también se han localizado charcos en otras dependencias y, de hecho, este periódico ha podido observar manchas de humedad en la Fiscalía provincial.
Trabajadores del juzgado de lo Social número 4, donde hace días el agua se filtró de forma sorprendente a través de una rejilla del aire acondicionado, confirman el problema y recuerdan que «la otra vez (en referencia a otoño) salió por los ascensores y se mojaron expedientes». También lamentan otras deficiencias como la falta de luz solar y que «los aires acondicionados están sobre la cabeza de las personas», por lo que algunos empleados utilizan mantas y guantes para trabajar, pero también «está el extremo de tener mucho calor».
La aparición de goteras ha sido denunciada por CSIF, STAJ y CCOO. La Consejería de Justicia insiste en que ha exigido a la unión temporal de empresas Ciudad de la Justicia de Córdoba SA «una solución definitiva». Así, las incidencias se solucionaron de forma inmediata, pero, según le ha trasladado esta firma, el sellado de las cazoletas no es la solución definitiva, por lo que se le pidió el arreglo y la impermeabilización del techo del juzgado, una actuación que se acometerá en Semana Santa. Además, tomarán medidas con las puertas de los patios y se revisará la carpintería de la fachada.
El problema de la entrada de agua también se ha denunciado «desde hace años» en los juzgado de Pozoblanco, donde en ocasiones llega al cuadro eléctrico, afectando a los equipos informáticos y a la iluminación, según manifiestan fuentes de toda solvencia. No obstante, la Junta apunta que no tiene constancia de esta situación.
Emergencias y riesgos
Otro de los aspectos denunciados es la inexistencia de un plan de evacuación del edificio. Sin embargo, la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, manifestó hace días en el Parlamento andaluz que sí cuenta con esta medida, porque está incluida en el plan de emergencia y autoprotección que es preceptivo para lograr la licencia urbanística que permite ocuparlo.
En cuanto a la afirmación de que carece de un plan de prevención de riesgos laborales, la consejería informa de que se está trabajando en un plan director global, una vez que el pasado 26 de febrero culminó el traslado del Instituto de Medicina Legal. En esta línea, aclara que este paso era necesario para poder unificar los planes individuales que ya tienen los distintos órganos.
Una gerencia
De otro lado, fuentes consultadas reclaman una gerencia en la Ciudad de la Justicia para atender y subsanar los incidentes, y apuntan que esta figura existe en otras instalaciones andaluzas. La Junta explica que se mantiene el equipo de profesionales que se encargaba de coordinar sus servicios en las nueve sedes judiciales anteriores y a esto añade que ya existe una propuesta para crear un puesto de coordinador y otro de auxiliar de coordinación, que se sumarán a esta tarea. Asimismo, recuerda que el director general de Insfraestructuras de Justicia ha visitado Córdoba hace algunas semanas y ha repasado las peticiones que se plantean.
Otros elementos
Fuentes sindicales han señalado a este diario que «hay una mala distribución del edificio» que provoca que casi todos los órganos judiciales que generan público se encuentren en el módulo B, por lo que el acceso a los ascensores «es un desastre», mientras que en el A, con más tareas administrativas y gubernativas, «casi no se usan». Las mismas destacan que la iluminación «está mal en muchos sitios» y que se han ubicado los órganos judiciales «como se ha podido», por lo que algunos se encuentran «en pasillos y sin ventanas», precisan, citando como ejemplo el juzgado de Instrucción 8 y el Decanato.
A estas se suman otras críticas como la existencia de puertas codificadas en habitáculos internos en los que, según aseguran, ya se han quedado encerrados trabajadores y público. De este modo, la falta de señalización es otro problema detectado. En otro orden de cosas, también aluden a la «vulneración del derecho a la intimidad y de la Ley de protección de datos» en el Registro Civil y en el servicio de notificaciones y embargos, por la ubicación de los trabajadores y la proximidad de unas personas a otras.
Otra cuestión sobre la que ponen el foco es la falta de acceso al servicio de telefonía (denunciada por CSIF), sobre lo que fuentes de la Administración autonómica precisan que la Junta tiene un contrato global de suministro y la adjudicataria es Vodafone, que tiene la obligación de promover que en todos los edificios haya cobertura. Del mismo modo, recuerdan que desde el primer momento se ha invitado al resto de compañías a actuar para disponer de la misma y ya han enviado a sus técnicos Movistar, Orange y Yoigo.
La limpieza
En el ámbito laboral, la polémica surgida en la Ciudad de la Justicia está relacionada con la situación de las limpiadoras. Si hace algunos meses reclamaban la subrogación para pasar de las viejas a las nuevas instalaciones (una petición en la que medió Justicia y que, finalmente, obtuvo un resultado positivo), en las últimas semanas UGT ha denunciado «acoso laboral» a la plantilla y presuntas coacciones en el proceso de elección de los delegados sindicales. La Junta de Andalucía hace hincapié en que «no se tolerará ninguna irregularidad» y avanza que ha contactado con todas las partes implicadas para aclarar lo que sucede. Por su parte, Cijucosa ha informado a este periódico de que no ha recibido ninguna denuncia directa, pero «se ha iniciado un protocolo de investigación para ver si se ha producido un conflicto de este tipo de forma coordinada con UGT».
