La empresa adjudicataria de la Ciudad de la Justicia no ha conseguido financiación para iniciar las obras y la Junta de Andalucía concede por cuarta vez otro plazo, en esta ocasión de cinco meses, para la obtención de recursos. Los trabajos deberían haber empezado en mayo del 2012. Estas obras tienen un plazo de ejecución de 53 meses y el coste final es de 345 millones de euros.
La delegada del Gobierno andaluz, Isabel Ambrosio, señala en una nota que "esta ampliación del plazo es la mejor opción para que Córdoba cuente en el medio plazo con la Ciudad de la Justicia, frente a la otra alternativa de comenzar de nuevo todo el proceso y recurrir a la convocatoria de un nuevo concurso para su adjudicación, lo que supondría retrasar considerablemente el proyecto".
Según la delegada, "esta iniciativa responde a la prioridad de la Junta de impulsar este proyecto, por lo que ha facilitado siempre, desde la estricta legalidad, las peticiones de la sociedad para conseguir la citada financiación y hacer realidad cuanto antes esta infraestructura fundamental para mejorar el servicio judicial que se presta a la ciudadanía y también las condiciones y calidad del trabajo de sus profesionales".
Esta nueva prórroga, que cuenta con el informe favorable del gabinete jurídico de la Consejería de Justicia e Interior, tiene carácter máximo y definitivo y se espera sea suficiente para que la entidad mercantil pueda obtener los recursos financieros para iniciar las obras, según expone la Junta.
Como se recordará, una de las firmas que conformaban la unión temporal de empresas que se hizo con la adjudicación --Detea-- entró en concurso de acreedores. Esta empresa, junto a Corsam-Corviam y Copcisa, constituyeron la entidad Ciudad de la Justicia de Córdoba S.A. En mayo del 2101, la Junta aseguraba que a pesar de la posición en que se encontraba Detea "los plazos y trámites a seguir para la ejecución de este equipamiento no se ven afectados por esta circunstancia", algo que evidentemente no se ha cumplido. En ese momento concedió una prórroga de cuatro meses.
La construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba está previsto que se ejecute bajo la colaboración público privada en una parcela de 12.112 metros cuadrados situada en la zona de Arroyo del Moro.
La explotación del inmueble se otorgará por un máximo de 25 años, y después la titularidad revertirá a la Administración andaluza. En este periodo la adjudicataria asumirá su mantenimiento y limpieza, la gestión del archivo judicial y la explotación de las placas fotovoltaicas del tejado y la cafetería, así como de las máquinas expendedoras de bebidas y alimentos, entre otras instalaciones, según se refleja en las condiciones.
La Junta abonará al año más de 8,4 millones de euros en concepto de alquiler por el uso de las instalaciones, que recogerán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital, así como la Audiencia, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de prever espacio para crecimientos futuros.
