Por primera vez, cinco colegios profesionales hacen frente común contra Urbanismo para denunciar lo que consideran una situación “insostenible” por la tardanza de las licencias. Los colegios oficiales de Arquitectos, Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Ingenieros, Peritos e Ingenieros Técnicos y Abogados han constituido una mesa de trabajo y elaborado un escrito en el que afirman que “el problema de soportar largos plazos para informar los proyectos y obtener licencia de obras ya ha tocado techo”, ya que no solo supera "los 12 meses”, sino que se ha convertido en “normal llegar a 18 o más” y esto se produce “ante la desidia, desinterés y silencio permanente de los responsables políticos” del organismo municipal a sus demandas. Estos cinco colectivos profesionales no entienden “la falta de responsabilidad para resolver o provocar una mejora en esta administración” y exigen la “adopción de medidas que ayuden a terminar con esta situación insostenible, que está provocando un clima de crispación y desesperación entre los profesionales que representamos”. Aún así, muestran su “postura de colaboración” para realizar las acciones necesarias.

Estos colegios aseguran en el escrito que las medidas anunciadas el año pasado por la Gerencia de Urbanismo, entre ellas una nueva ordenanza para agilizar licencias, “no se han puesto en marcha” y que la única actuación realizada ha sido la contratación de un arquitecto y un ingeniero técnico por seis meses que ya acabaron su trabajo. Además, lamentan que no se ha cumplido “la promesa” de celebrar mensualmente reuniones de carácter informativo y aclaratorio con los colegios que hizo en julio pasado el gerente de Urbanismo. Según señalan, esas reuniones no se han producido y, entre otras cosas, hacen falta para aclarar la innovación del plan especial del casco histórico y las nuevas declaraciones de zonas de protección acústica.

Estos cinco colegios denuncian que el “retraso en la concesión de licencias” tiene como consecuencia “la huida de promotores e inversores de Córdoba”, a la que se suma el problema generado por las zonas inundables, que ya censuraron la semana pasada CECO y Construcor, y que es “otra traba administrativa sin resolver”. Según indican, “sus determinaciones se contradicen con las del actual PGOU, lo que ocasiona la inseguridad jurídica de muchos inmuebles”. En este sentido, lamentan que, tras más de un año de innumerables reuniones, “no se ha adoptado ninguna solución”.

Los colegios firmantes aseguran que han ofrecido posibles soluciones, como movilidad funcional del personal de Urbanismo entre sus distintos departamentos, citas previas para organizar las consultas a los técnicos, unificar y publicar criterios de interpretación de las normas urbanísticas e implantar una plataforma web para el registro telemático y consulta de los expedientes.