Un centenar de expertos historiadores, arabistas, medievalistas, especialistas en arte de centros de investigación y unas 40 universidades de España, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Portugal, Irlanda, Turquía, Chile, Alemania y Marruecos han suscrito un manifiesto conjunto en el que defienden la titularidad pública de la Mezquita de Córdoba, acusan al Obispado de "despreciar el significado del monumento" y de "secuestrar su memoria" y denuncian la "desidia" mostrada por la Junta y el Gobierno central a la hora de defenderlo argumentando que "un mínimo de diligencia del Estado podría desmontar los argumentos jurídicos de la Iglesia". La declaración, redactada por Eduardo Manzano, investigador del CSIC y experto en al Andalus, está respaldada por profesores de prestigio entre los que figuran el medievalista francés Pierre Guichard; el catedrático de Historia Medieval Angel Galán; la arabista del CSIC Maribel Fierro o el hispanista de la Universidad de Boston Thomas F. Glick, entre otros.
El manifiesto empieza asegurando que "la polémica sobre la Mezquita no tiene otro responsable que el Obispado" y que sus decisiones "unilaterales" así como "el desprecio hacia el significado del monumento han creado una fractura creciente allí donde existía un consenso social mayoritario". Dicho consenso, aseguran, se rompió "cuando la Diócesis inmatriculó la Mezquita como propiedad privada" con una base jurídica que consideran "endeble" pues "la orden dada en 1236 por el rey Fernando III para que la Mezquita se convirtiera en iglesia no puede considerarse una donación regia sino una cesión de un derecho de uso". El escrito recuerda que las administraciones públicas "han destinado más de 8 millones de euros al mantenimiento de este edificio" y consideran que "un mínimo de lealtad habría exigido informar a las administraciones de lo que se pretendía hacer". Asimismo, critica la respuesta de las administraciones al tener constancia de lo ocurrido y afirman que "tanto la Junta como el Gobierno han dado muestras de una desidia y una falta de contundencia impropias de unas administraciones democráticas". Así acusan a la Junta de "nadar y guardar la ropa", aludiendo a declaraciones que no se ven reflejadas en "ni una sola iniciativa seria" y al Gobierno de encogerse de hombros porque el monumento "no forma parte del patrimonio de la Administración general del Estado". Los científicos llaman la atención sobre cómo la Diócesis "ha empezado a actuar sobre la arquitectura del edificio" aludiendo a cuestiones como "la construcción de cuartos de baño junto al mihrab de Al Hakam II" y aseguran que "al Obispado solo le obsesiona demostrar que antes de la Mezquita existió una basílica", algo "discutible con la evidencia arqueológica en la mano", señalan. Abogan por la titularidad pública del monumento, pero aclaran que "esto no implica que se impida a la Iglesia desarrollar allí su actividad en exclusiva", ni que se permita el culto musulmán junto al cristiano, algo que consideran "una ocurrencia disparatada".
Ni el Obispado, ni la Junta de Andalucía ni la Subdelegación del Gobierno quisieron responder ayer a este manifiesto.
