Un centenar de centros de formación de Andalucía, entre los que figuran al menos una decena de entidades cordobesas, se han unido para exigir a la Consejería de Empleo de la Junta la revisión de los criterios empleados en el borrador de la próxima convocatoria de subvenciones para los de cursos de formación para el empleo. Después de cinco años sin convocatoria de ayudas (tras la investigación abierta por la supuesta corrupción detectada en torno a estos cursos), situación que ha llevado al cierre a muchas empresas, en el 2016 salió una primera a la que se presentaron 120 entidades de Córdoba (de 1.670 inscritas en el Registro de centros y entidades colaboradoras de FPE en la provincia), pero solo 41 (32, según la Junta) obtuvieron subvenciones. De momento, once de los cursos siguen pendientes, según la Consejería de Empleo.

De las adjudicadas, tal y como se publicó en su día en la relación de entidades beneficiarias de la provincia, solo cuatro se hicieron con el 38,7% del total, casi 3 millones de euros. En concreto, Formación Yun Castro SCP, Magtel Operaciones SL Unipersonal, la Confederación de Empresarios de Córdoba y Forem-Andalucía, que se hicieron con una media de 710.000 euros cada una de los 7,2 millones que se destinaron en Córdoba a este fin. Esto se debe, según Gerardo Úbeda y Rafael Jiménez, portavoces del colectivo de pequeñas entidades de formación, a los criterios de selección empleados, «que dejaron fuera a la mayoría de las pequeñas empresas».

En el 2017 no se convocaron cursos de Formación para el Empleo y, de cara al 2018, ya se ha elaborado un borrador «que es aún más restrictivo en los criterios de valoración que el del 2016, por lo que temen que se les vuelva a excluir». En este sentido, señalan que el baremo establecido «valore con hasta 25 puntos a los centros con plantillas de entre 6 y 9 trabajadores durante el 2017 mientras el apartado de inserción laboral de los alumnos se le otorguen un máximo de 10 puntos». También se quejan de que el borrador establezca que una misma empresa puede recibir hasta el 10% del presupuesto de toda la provincia.

El sector de las academias privadas acreditadas para FPE se queja de que «después de haber hecho grandes inversiones y esfuerzos para cumplir los requisitos que los certificados de profesionalidad impusieron desde el 2010 en infraestructuras y equipamientos, y después de cinco años sin programación de cursos, solo uno de cada tres centros haya recibido subvención en el 2016 y que, tras otro año sin convocatoria, el 2017, el nuevo borrador emplee criterios que vuelven a primar a los grandes centros que tuvieron cursos de formación en la convocatoria anterior, dando de lado a las pequeñas empresas». Según Úbeda, ante esta situación, reclaman que se rebaje del 10% al 3% el máximo de presupuesto provincial al que se puede optar por empresa y que la convocatoria de cursos tenga en cuenta las necesidades laborales de las distintas comarcas. También piden que puntúe como factor relevante la inserción laboral de los alumnos de cada centro, «un dato que es verificable y que debería ser fundamental a la hora de seleccionar a las empresas de formación». Por último, reclaman que se elimine el volumen de facturación y el número de empleados como elementos baremables.

RESPUESTA // La Consejería de Empleo no da explicaciones sobre el borrador, más allá de que «se está trabajando aún en él y se ejecutará en el 2019». Empleo recuerda que «se han archivado en los tribunales más de cien causas abiertas por los cursos» y asegura que tras lo ocurrido «se ha hecho un gran esfuerzo por volver a la normalidad poniendo en marcha los programas» cuya convocatoria del 2017 beneficiará en Córdoba «a más de 2.000 personas desempleadas». Señala que la oferta formativa se ha recuperado «no sin dificultades y pese a la inseguridad jurídica por la tardanza en la aprobación del nuevo marco normativo por el anterior Ministerio dirigido por Fátima Báñez».