El centro comercial es la zona del conjunto histórico con más residentes y la que más población ha perdido en veinte años. Si en 1998 había allí 9.736 personas viviendo, ahora quedan 7.982, un 18% menos, lo que significa que la despoblación ha sido mayor que en el conjunto del casco histórico, donde hay un 10% de residentes menos (se ha pasado de 37.869 a 33.989). Tras el centro comercial, el entorno de la Mezquita-Catedral es la zona que más ha visto mermar el número de habitantes, que ha descendido un 15% (de 1.990 a 1.686); seguida de San Miguel-Capuchinos, con una caída del 7,6% (de 1.704 a 1.574), y La Trinidad, del 9,8% (de 2.510 a 2.262). En cambio, en El Salvador y La Compañía ha ocurrido todo lo contrario, que hay un 14,9% (de 767 a 882) más residentes que hace dos décadas.
Hasta ahí la Villa, donde ha descendido el número de habitantes un 14% (de 17.830 a 15.285). Pero, ¿qué pasa con la Axerquía? Allí San Pedro es la zona que más ha sufrido la despoblación, con una caída del 17% en el número de residentes (de 3.072 a 2.549). El resto han experimentado descensos de habitantes que están por debajo de la media (Santa Marina, un 8%; San Lorenzo, un 6,9%; San Andrés-San Pablo, un 5,6%; y Santiago, un 0,7%), excepto La Magdalena y San Francisco-Ribera, que han visto crecer su población un 3,6% y un 0,6%, respectivamente. El descenso medio en la Axerquía ha sido del 6,6%.
Todos estos datos se extraen del informe realizado por Urbanismo para justificar la modificación del Plan Especial del Conjunto Histórico (Pepch) que se tramita para proteger el uso residencial y regular el turístico en el casco, que tuvo unos inicios controvertidos al incluir como medida cautelar la suspensión de licencias para apartamentos turísticos, que no se adoptó. Más allá de la regulación de los apartamentos y las viviendas para uso turístico y las limitaciones del cambio de uso residencial a otro (excepto a equipamiento), la modificación tiene otras vertientes que afectan a los edificios protegidos, que tienen gran peso en el casco y que son de distintos tipos. Allí, el 37% de los edificios están incluidos en el catálogo de bienes protegidos. Dentro del casco hay un área especial, con medidas más restrictivas, coincidente con la superficie considerada Patrimonio de la Humanidad, donde el porcentaje de edificios protegidos es mayor, del 60%, y, dentro de la misma, más de la mitad son conjuntos catalogados.
Urbanismo ha visto que las medidas que plantea el Pepch solo son efectivas en el 40% de las parcelas, de ahí la necesidad de retocarlo. Su idea es facilitar la intervención en inmuebles que tienen los niveles de protección más restrictivos (0, que es el de conservación integral; 1, estructural; y 2, de implantación) en la mayor parte de la edificación dejando fuera los que pueden demolerse o reconstruirse manteniendo elementos puntuales o parciales. Dicho de otra forma, los edificios con mayor nivel de protección seguirán teniéndola pero podrán albergar usos distintos al residencial y transformarse, por ejemplo, en hoteles, mientras que el resto tendrán limitaciones que están por definir en la modificación que se haga del Pepch. Además, solo se permitirá la agregación de parcelas en el caso de que el alto nivel de protección de un edificio sea un hándicap para su adaptación o que sea necesaria para su restauración. Para frenar el despoblamiento, las limitaciones al intentar cambiar el uso residencial por otro se centrarán en los edificios con menor nivel de protección.
En cuanto a las restricciones a la implantación de apartamentos y de viviendas con fines turísticos, el objetivo es exigir que cumplan las condiciones de habitabilidad. El informe alude a dos áreas de aplicación, la zona Patrimonio de la Humanidad, y otra de 13,8 hectáreas en la Ribera-Corredera. En ellas se fijarán zonas saturadas (no podrá implantarse uso turístico), en riesgo (donde habrá límites), y el resto (donde no habrá condicionantes).
Otra de las novedades es la de permitir el uso temporal de solares y terrenos sin edificar, cuyo número no ha cuantificado Urbanismo, para que sean utilizados como espacios deportivos o de recreo, para huertos urbanos o para aparcamientos de residentes. La fórmula está por concretar.
Todo irá acompañado de descuentos en las ordenanzas fiscales que serán mayores para un uso residencial que turístico.
