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RECHAZA LA INNOVACIÓN DE PGOU

CECO exige seguridad jurídica para las industrias instaladas en Córdoba

La confederación se suma a las alegaciones realizadas por Cosmos

 

Instalaciones de la cementera Cosmos. - SÁNCHEZ MORENO

REDACCIÓN / CÓRDOBA
29/11/2017

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha presentado alegaciones a la innovación del PGOU que tramita Urbanismo y que persigue regular en el uso industrial la utilización de residuos como combustible alternativo, tal y como acordó de forma unánime la junta directiva en la sesión celebrada el 31 de octubre. A través de una nota, CECO explica que es necesario dotar de seguridad jurídica a las empresas radicadas en Córdoba. Por ello, piensa que «no se puede convertir la innovación en un instrumento limitante de la actividad de las empresas ya establecidas y que cuentan con las licencias preceptivas para su funcionamiento».

CECO considera que «2la seguridad jurídica es uno de los principios fundamentales de todo ordenamiento constitucional debido a la necesidad de que los ciudadanos sepan a qué atenerse en sus relaciones con el Estado y con los demás particulares». La Confederación de Empresarios afirma que «este debe entenderse como la confianza que los ciudadanos, y, por ende, las empresas, pueden tener en la observancia y respeto de las situaciones derivadas de la aplicación de normas válidas y vigentes». Añade que «la seguridad jurídica se asienta sobre el concepto de predictibilidad, es decir, que cada uno sepa de antemano las consecuencias jurídicas de sus propios comportamientos». CECO entiende que «la innovación supone una quiebra de este principio para aquellas actividades empresariales y económicas que, en la actualidad, legalmente desarrollan su actividad y cuentan con las licencias, permisos y autorizaciones administrativas precisas».

CECO explica en la nota que ha decidido suscribir las alegaciones formuladas por Cosmos, y adelantadas por este periódico, porque «el que se produzcan actuaciones de este tipo puede llegar a retraer el mantenimiento y la implantación de futuras actividades empresariales», que pueden considerar a Córdoba «como una ciudad no adecuada para invertir por temor a que el PGOU pueda convertirse en un instrumento de modificación de las condiciones en las que realizan su actividad».

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