El presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, denunció ayer los problemas que han provocado durante el mandato del actual gobierno municipal los retrasos en la concesión de licencias, «que han frenado proyectos para el sector inmobiliario y otras actividades económicas». Díaz exigió a los responsables políticos que «tomen iniciativas e impulsen los proyectos». «Se ha perdido mucho tiempo», puntualizó Díaz, aunque consideró que en los meses que quedan para las elecciones municipales del 26 de mayo se pueden adoptar medidas que permitan reiniciarlos. El presidente de los empresarios cordobeses recordó la llamada que le hizo la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, en mayo pasado para poner en marcha la ordenanza para el impulso de la ciudad de Córdoba. «A día de hoy no sabemos nada de esta ordenanza», señaló.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción (Construcor), María Dolores Jiménez, recalcó que se están viendo «paralizados» temas «importantísimos». «Cualquier iniciativa empresarial se hace muy difícil con el funcionamiento de Urbanismo, con los problemas en el casco histórico y con las zonas inundables recogidas en el decreto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir», precisó.

María Dolores Jiménez indicó que «2018 fue un año perdido porque no se ha funcionado, no ha habido claridad, ni dirección en los proyectos». «Estamos en época electoral y en mayo tenemos elecciones. Nos podemos poner en septiembre y no nos hemos puesto a funcionar. Los tiempos de los políticos no son los de las empresas», advirtió. El análisis del gerente de Construcor, Francisco Carmona, no fue más optimista. Carmona apuntó directamente a la tramitación de licencias por la Gerencia de Urbanismo. «Son absolutamente injustificados los retrasos que se producen, porque todas las administraciones locales han sufrido el rigor de las restricciones presupuestarias y esto ha afectado a todas. En otras ciudades se ha solventado y no se acumulan retrasos de un año», matizó.

Otro de los aspectos criticados por Carmona se refiere a las zonas de flujo preferente decretadas por la Confederación del Guadalquivir (CHG), que recoge los espacios que corren riesgo de inundación y las obligaciones que han de cumplir las viviendas o locales para acometer proyectos de reforma u otras nuevas iniciativas en zonas de Cañero, Campo de la Verdad o Miraflores. Carmona mostró su discrepancia por la falta de soluciones de la Gerencia de Urbanismo, mientras que en otros municipios como Écija, puso el ejemplo, se ha solventado. Los empresarios estiman que las viviendas y locales han podido perder un 50% de su valor por esta incertidumbre y estima que se ven afectadas entre 3.500 y 4.500 viviendas. «Es una suma de incertidumbres, una sobre otra. Córdoba es una ciudad que no está en el mapa de los inversores. Estamos hablando de una ciudad que puede estar languideciendo poco a poco», concluyó.