CCOO ha reclamado esta mañana, en la víspera del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una mayor implicación de la administración pública en el control e inspección de las empresas con más de 50 empleados, ya que, recuerdan, "están obligadas por ley a tener un mínimo del 2% de contratos en plantilla de personas discapacitadas".

El sindicato ha lamentado la opacidad que existe sobre los datos de empleados pertenecientes a este colectivo y ha exigido que se realicen campañas e inspecciones periódicas para promover la contratación y para detectar los incumplimientos, imponiendo sanciones si es necesario en los casos en que no se cumpla la normativa.

Según la información facilitada, en Córdoba hay en torno a 50.000 personas con algún tipo de discapacidad de las cuales solo 22.00 figuran como población activa, es decir, están trabajando o buscan trabajo activamente, lo que representa únicamente un 7% del conjunto de la población activa cordobesa. Del total de parados, en torno a 1.000 personas son parados de larga duración que corren el peligro de convertirse en parados crónicos, denuncia el sindicato.

Los niveles de paro en el colectivo están muy por encima de la media en la población general, situándose en un 33,7% frente a un 25,4% total. Entre los que trabajan, los contratos temporales son la norma, un 96%, cifra muy similar al del resto de la población, si bien según él sindicato, "si se cumpliera la norma del 2% en las empresas grandes, esta cifra despuntaría notablemente".

Además, son los sectores más precarios los que concentran a estos empleados, ya que el 65% de los contratos realizados se dan en el sector servicio y un 25% en agricultura. Otro dato a tener en cuenta es la brecha salarial del 7,5% que existe entre los trabajadores con discapacidad y los que no, lo que acentúa aún más el bajo poder adquisitivo de estas personas en una provincia con salario muy bajos.

Para revertir esta situación, CCOO exige que se vele por el estricto cumplimiento de las cuotas de reserva, por la dignificación de las condiciones salariales y laborales y que se persiga el abuso de la contratación temporal que se realiza en los centros especiales de empleo.