Basta con decir la palabra Cifuentes para que en la universidad pública se frunza el ceño por cómo un caso ocurrido en Madrid está poniendo en cuestión a toda la institución. «La imagen de la Universidad pública puede quedar dañada con esta situación», aseguró el rector, José Carlos Gómez Villamandos, que defendió la honorabilidad de la Universidad e insistió en que «es una institución con muchísimos controles en los que los sistemas informáticos dejan rastro de todo lo que se hace y no sabemos cómo se han podido producir esas irregularidades». El rector destacó además el papel de la conferencia de rectores, la CRUE, por los observadores que ha nombrado. En su opinión, «el sistema se autocontrola y se autogestiona bastante bien».
Por su parte, la vicerrectora de Posgrado, Julieta Mérida, dijo que el caso está haciendo que «todo el mundo ponga en duda los procedimientos que rigen la Universidad pública, cuando estos procedimientos son muy estrictos». En su opinión, «hay pocas instituciones que estén tan vigiladas y controladas como la Universidad». La única opción para «reconstruir un acta» sería «la comisión de un delito tipificado» por parte de un funcionario, porque «no es tan fácil cambiar una nota como se está dando a entender, hay un acta que firman unos profesores, hay tribunales de los trabajos de fin de máster, no se defiende un trabajo hasta que ha finalizado todo el estudio del máster, hay que asistir a clase... si eso ha ocurrido así, la Universidad tendrá que explicar qué ha pasado». Para algunos, la intervención de la CRUE ha propicidado que el tema haya pasado a manos de la justicia. Otros ponen el acento en la excepcionalidad del caso. Se expiden miles de másteres al año «y no se puede poner en duda una institución por un caso», insisten.
