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HASTA SEPTIEMBRE SE HAN PRODUCIDO 444 LANZAMIENTOS EN LA PROVINCIA

Casi la mitad de los desahucios que se practican en Córdoba son ya por alquiler

Las entidades aceptan el 52% de las solicitudes de códigos de buenas prácticas bancarias. Muchos de los desalojos son de familias que han perdido su casa y cuya situación no ha mejorado

 

Casi la mitad de los desahucios que se practican en Córdoba son ya por alquiler -

Araceli R. Arjona Araceli R. Arjona
08/01/2018

A un ritmo un menos frenético y con una casuística diferente, pero los desahucios siguen estando ahí. Basta comprobar la última estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial, que llega hasta el mes de septiembre. Hasta ese mes se registraron en Córdoba 444 desalojos, de los cuales 218 fueron por ejecución hipotecaria y 208 fueron procedimientos derivados de la ley de arrendamientos urbanos (los 18 restantes, por otras causas). La estadística demuestra que la pobreza está enquistada en una capa de la sociedad y que, mientras surgen casos nuevos de familias que tras cierto tiempo de impago son requeridas para abandonar sus viviendas, hay otras que tras quedarse en la calle tuvieron que recurrir a un alquiler sin que sus ingresos hubieran mejorado, lo que les lleva a ir de desalojo en desalojo. Una realidad que además de afectar a las familias, obligadas a vagar de un lado a otro e incluso a mentir a los propietarios de vivienda de alquiler para encontrar un techo de forma temporal, aumenta el recelo de quienes optan por el alquiler convencional, cada vez más reacios a esta fórmula por miedo a que los inquilinos no puedan pagar la cuota.

Según el presidente de la Asociación Nacional de Familias Necesitadas (Anfane), Rafael Cidres, reciben casos de familias desahuciadas varias veces a diario. «El último fue hace poco, una familia a la que han desalojado de distintos alquileres tres veces desde el 2013 y su situación económica no ha cambiado desde que perdieron su vivienda», explica, «afortunadamente en ese caso hemos logrado que se le acondicione un piso del fondo social de BBVA que se le asignará en febrero porque su piso está ocupado». Esa es otra realidad sangrante. Familias que abandonan su vivienda tras una ejecución hipotecaria para cumplir con el banco y poco después, su piso es ocupado por el método de la patada en la puerta, por otros que nunca pagaron por ella. Anfane ya está reabriendo los primeros casos cerrados de ejecuciones hipotecarias en los que ya se ha producido lanzamiento de la vivienda, algunas reocupadas ilegalmente después, para solicitar que se declaren procedimientos nulos. El objetivo es negociar un alquiler social para los desahuciados cuyas condiciones económicas no hayan cambiado desde entonces.

La estadística del CGPJ señala el descenso paulatino de los lanzamientos. En el tercer trimestre del año, los procedimientos por ejecuciones hipotecarias descendieron un 33% y los de alquiler un 20%. Sin embargo, no han desaparecido ni mucho menos. El descenso se debe, en gran medida, al freno que está suponiendo la actuación de entidades como Anfane a la hora de negociar vías alternativas con los bancos. Una de ellas, la más habitual, es la aplicación del Decreto Ley que estableció el código de buenas prácticas bancarias, al que se han adherido hasta ahora más de 90 entidades bancarias.

BUENAS PRÁCTICAS

El código de buenas prácticas establece medidas para paliar la situación de las familias como la reestructuración de la deuda, la quita de parte de la misma o la dación en pago vinculada a un alquiler social de al menos dos años. Según los datos de la comisión de control del seguimiento del Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual, en el primer semestre del 2017, las entidades bancarias tramitaron en España 7.568 solicitudes, de las cuales fueron aceptadas el 52%. Al resto le dijeron que no. Las razones para denegar esta opción fueron en el 62,7% de los casos porque no se cumplieron los requisitos. En 1.000 de las solicitudes, el fallo fue no entregar debidamente la documentación exigida. De ahí la importancia de contar con un buen asesoramiento a la hora de afrontar un proceso de este tipo. «Hay muchas familias que desconocen sus derechos y otros que sienten vergüenza o pudor de pedir ayuda por este motivo y entregan las llaves, se van de casa para que nadie se entere en lugar de luchar por sus derechos», explica Cidres, que sigue reclamando modificaciones al Real Decreto para que los que firmaron la hipoteca después del 2012 también puedan acogerse.