La violencia de género no siempre acaba cuando la mujer presenta la denuncia contra su agresor. A menudo, este es solo el primer paso de un largo proceso trufado de medidas judiciales que tienen como objetivo prioritario proteger a la víctima y evitar nuevos episodios de violencia. La Subdelegación del Gobierno hizo ayer balance del programa Viogén, diseñado para garantizar mecanismos de ayuda en función del nivel de riesgo que se prevé para cada víctima. En Córdoba, 958 mujeres cuentan actualmente con protección policial activa contra su presunto agresor, de las cuales 18 son menores. Además, se han instalado este año 161 pulseras a agresores. Pese a ello, solo existe un caso con nivel de riesgo extremo asignado, frente a un 80% de mujeres que están en nivel bajo o no apreciado y un 19% en rango medio. En el caso de las menores, salvo dos que tienen nivel medio, el resto están en rango bajo o muy bajo.

En cuanto a la edad de las mujeres que han sufrido alguna agresión en Córdoba, las mismas fuentes señalan que «se mantiene estable», siendo el más frecuente el de 31 a 45 años, seguido por el de 18 a 30 años, manteniéndose el de las menores de edad en el de menos agresiones». En cuanto a las llamadas al 016 (el número telefónico donde denunciar agresiones sin que quede rastro en la factura), se han registrado hasta la fecha 754 llamadas. En lo que va de año, 212 mujeres han hecho uso del Servicio Telefónico de Atención y Protección y se han aprobado 299 solicitudes de Renta Activa de Inserción, una ayuda extraordinaria para mujeres víctimas de violencia de género.

Por otro lado, hasta noviembre, el turno de oficio del Colegio de Abogados de Córdoba ha realizado 657 asistencias a mujeres víctimas de violencia de género. El protocolo se activa cuando las mujeres acuden a una comisaría, tanto de Policía Nacional como Local o Guardia civil, para interponer una denuncia, momento en el que se avisa al abogado que está de guardia en el turno de oficio. Este año, 381 abogados están prestando dicho turno. El abogado de oficio especializado en violencia de género, que se asigna también si la denuncia se produce directamente por parte de los cuerpos policiales, será el que se encargue de todo el procedimiento penal derivado de la denuncia contra su agresor. El letrado en cuestión realiza una primera asistencia en dependencias policiales para plantear el caso ante el juzgado, donde se toma declaración a la víctima antes de solicitar las medidas de protección que se consideren pertinentes en cada caso.

Perfomance de las alumnas de Arte Dramático, esta mañana. SÁNCHEZ MORENO

Según Alfredo Povedano, uno de los abogados que trabaja en este servicio, llama la atención la existencia de numerosos casos de violencia machista entre los jóvenes. «Cuando empezamos a trabajar en este temas, pensamos que al saltar de generación, gracias a la mayor formación e información, los casos disminuirían, pero no está siendo así». Según su testimonio, las mujeres llegan al momento de la denuncia «con mucha ansiedad, con dudas, confundidas y con sentimientos encontrados, de culpa incluso, que le hacen en ocasiones justificar las conductas agresivas de su pareja». Los procedimientos judiciales pueden ser cortos, ante una agresión puntual, o prolongarse en el tiempo durante años, sobre todo, cuando hay hijos de por medio. El abogado de oficio no solo actúa con la denuncia inicial, se encarga de la defensa si hay quebrantamientos de medidas de protección e incluso de la demanda de divorcio si la víctima decide iniciarlo tras denunciar el maltrato.

Concentración en el Ayuntamiento esta mañana con motivo del 25-N. A. J. GONZÁLEZ