Cáritas Regional de Andalucía ha pedido a la Junta de Andalucía que reconsidere la decisión de suprimir el concierto de 14 plazas que mantiene hasta el momento con la residencia de mayores San Pablo de Córdoba y ha asegurado que esta decisión se ha tomado sin tener en cuenta a los residentes, a Cáritas y a los trabajadores del centro, mientras que la Delegación Territorial de Igualdad de Córdoba argumenta la prohibición legal de que "las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente", plazo inicial de 23 meses, ya alcanzado con la prórroga prevista en el contrato, que cumple este domingo 15 de septiembre, informa Europa Press.

El Hogar Residencia San Pablo de Córdoba, ha descrito Cáritas en un comunicado, lleva en funcionamiento desde 2009 con 40 plazas, que gestiona con fondos propios de Cáritas Diocesana de Córdoba y el concierto de la Junta de Andalucía de 14 plazas.

El centro atiende a mayores de 60 años en situación de exclusión social grave, personas que no poseen recursos o tienen ingresos muy escasos. La residencia San Pablo fue la primera y única de estas características en la provincia de Córdoba.

De esta forma, y ante la decisión de la consejería de eliminar el concierto de las 14 plazas que mantiene con la residencia, Cáritas Regional ha denunciado una decisión irresponsable, realizada de forma unilateral, sin pensar en sus consecuencias. La eliminación del concierto causa un enorme perjuicio a los residentes que serán reasignados a otros centros.

Ante esta decisión, el presidente de Cáritas Regional de Andalucía, Mariano Pérez de Ayala, ha afirmado que no será la entidad quien los eche de allí y que corresponde a la misma Consejería ejecutar sus decisiones. "Estas personas merecen que se las tenga en cuenta, ellos no quieren irse y nosotros no los vamos a echar", ha comentado Pérez de Ayala.

Pérez de Ayala ha añadido que esta medida "supone además un grave peligro para la continuidad de la residencia", ya que los centros de mayores gestionados por Cáritas atienden principalmente a personas sin recursos o ingresos muy precarios.

"Hacemos una labor social y cubrimos necesidades que debería paliar la Administración. Si además nos retiran las escasas ayudas públicas se pone en riesgo la atención a este colectivo".

Respecto a la Consejería Igualdad, Cáritas Andalucía ha instado a tomar medidas con coherencia y responsabilidad al recordar que mantienen un discurso que dice apostar por el fomento de la colaboración público-privada que, luego "brilla por su ausencia cuando se toman este tipo de decisiones".

La Delegación Territorial de Educación, Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Córdoba ha respondido que el plazo de ejecución del contrato con Cáritas era de 23 meses, ya que su ejecución inicial transcurría entre el 16/11/2015 hasta el 15/10/2017, momento en que se prorrogó otros 23 meses más y que finaliza este domingo 15 de septiembre.

Existen razones de distinto tipo que impiden la formalización de una posible nueva prórroga. De un lado, surge la prohibición legal de que "las prórrogas no superen, aislada o conjuntamente, el plazo fijado originariamente", plazo inicial de 23 meses, ya queda cubierto con la prórroga prevista en el contrato.

La Delegación Territorial de Igualdad ha señalado que la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas ha procedido a dar continuidad al servicio de atención residencial de las personas mayores usuarias en la propia Córdoba, porque ha apostado por mantener a la persona mayor en su entorno.

Le ha dado prioridad por la oferta pública de plazas disponibles en la Red de Centros Residenciales para mayores pertenecientes a la Junta de Andalucía por cuanto argumenta que existen plazas vacantes, disponibles para la atención a las personas mayores en situación de exclusión social. La mayoría de las personas mayores se ubicarán en la residencia del Parque Figueroa. Dos de ellas irán a Armilla (Granada) y a Jerez de la Frontera (Cádiz), porque así lo han solicitado.