El cambio de signo político en el Gobierno de la Junta de Andalucía tendrá un efecto directo en la vida laboral de un número importante de personas en la provincia ya que, tras formar durante una serie de años (o décadas en algunos casos) parte de la estructura de gobierno como altos cargos, puestos de libre designación o eventuales, pasarán a engrosar las listas del paro o al puesto de trabajo que ocupaban antes de su paso por la política (un número importante son funcionarios). Una cifra reducida de altos cargos tendrá derecho a recibir una indemnización por cesantía, pero la gran mayoría percibirá la prestación por desempleo que les corresponda. De los 2.137 puestos de libre designación, conocidos popularmente como «designados a dedo», que formaban parte de la administración general de la Junta de Andalucía con el Gobierno socialista, 114 ejercían su labor en Córdoba, como puestos de confianza asignados a las distintas delegaciones provinciales, según los datos facilitados por la Delegación provincial del Gobierno. Todos ellos son funcionarios de carrera por oposición y jefes de servicio «seleccionados tras un procedimiento interno de promoción», recalca la Junta, por lo que el cambio de Gobierno no debería afectarles demasiado, ya que podrán ocupar las plazas que dejaron libres tras ser designados durante un determinado periodo de tiempo. Previsiblemente, su reincorporación afectará a quienes ocuparon su puesto durante este tiempo. Otros saldrán en las próximas semanas y meses para ocupar los puestos de confianza del nuevo Gobierno.
Del mismo modo, el juego de sillas desencadenado por el relevo en las instituciones autonómicas supondrá el cese de los altos cargos y asimilados, entre los que figuran los ocho delegados provinciales, que no tienen derecho a recibir cesantía, y la delegada del Gobierno en Córdoba, Esther Ruiz, Esther Ruizque sí podrá percibirla, al superar por los pelos un año en el puesto (se incorporó en diciembre del 2017 y saldrá en enero del 2019). Entre los 273 altos cargos que han formado parte en la última legislatura del Gobierno de Susana Díaz, figuran varios cordobeses. Es el caso de Rosa Aguilar, que deja de ser consejera, pero permanecerá como diputada en el Parlamento, o Juan Pablo Durán, que deja de presidir la cámara para ocupar su escaño como parlamentario. El futuro del resto de altos cargos está en el aire. Es el caso de Marina Álvarez y Maribel Baena, consejera y viceconsejera de Salud, con derecho a cesantía en ambos casos, que de no ser reclamadas para algún puesto en otra administración gobernada por el PSOE, podrán volver a ocupar sus respectivas plazas como funcionarias. El secretario general de Universidades, Manuel Torralbo, además de la indemnización correspondiente, tiene plaza como profesor titular en la Universidad de Córdoba.
Por definir quedan los pasos a partir de ahora del viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación, Ricardo Domínguez García Baquero, ligado a distintos cargos en la Junta y al campus agroalimentario CeiA3 de la Universidad de Córdoba desde el 2003; también los de la directora general de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, la egabrense Mª Dolores Alguacil; del director general de Gestión Económica y Servicios de Salud, Horacio Pijuán González, y de la consejera delegada de Extenda, vinculada a puestos de responsabilidad de la Junta desde el 2000, Vanesa Bernard González, entre otros.
Queda por contabilizar el apartado de personal eventual, compuesto por 239 puestos en toda Andalucía, la mayoría de los cuales deberán reinventarse en el mercado laboral. En Córdoba, según los datos publicados en el portal de transparencia de la Junta, están en esta situación solo cinco personas, algunos caras visibles como los coordinadores del IAJ, Alberto Mayoral, y del IAM, Ana Díaz, así como la directora de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Laly Quevedo. También engrosan esta lista un coordinador y un técnico adscritos a la Delegación del Gobierno, de los que solo uno tiene plaza de funcionario a la que volver.
2.797 PERSONAS DEJARÁN SU SITIO EN LOS PRÓXIMOS DÍAS
Algunos ya se han ido, entre ellos, una larga lista de periodistas que ocupaban puestos de confianza junto a los consejeros y delegados o en los gabinetes de prensa de la Junta de Andalucía en las distintas provincias. De los 2.797 que dejarán su sitio libre estos días para volver a su plaza de funcionario o engrosar las listas del paro, 660 son altos cargos de consejerías y empresas públicas, eventuales y contratos de alta dirección. El resto, 2.137, funcionarios elegidos para ocupar puestos de confianza. Está por ver qué plazas cubre el nuevo gobierno y cuáles no.
