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miguel ángel pareja / juez decano

"Cada vez hay más conciencia social y menos construcciones"

 

Miguel Ángel Pareja. -

Isabel Leña Isabel Leña
09/04/2018

«Cada vez los ciudadanos son más conscientes de que hay que tratar de manera sostenible tanto el urbanismo como el medio ambiente», que «hay que conservar y tratar de mantener para las generaciones futuras», por lo que «cada vez hay menos construcciones ilegales». Eso es lo que opina el juez decano de Córdoba, Miguel Ángel Pareja, que asegura que en diez años «ha mejorado la legislación en materia administrativa y penal» y «el ciudadano sabe que no se debe construir si no es de acuerdo con las leyes y las normas». Pareja no cree que se produzcan menos órdenes de derribo, sino que, «al estar el ciudadano mejor formado en este aspecto», no construye «de manera ilegal o lo hace en menor medida o con menor intromisión grave en el urbanismo y el medio ambiente».

El juez decano recuerda que «el derribo se puede acordar en vía administrativa o en penal y una cosa no tiene que ver con la otra». En materia penal, añade, «no es que haya bajado el número de derribos, es que no se dan las circunstancias para acordarlos porque el derecho penal es la última ratio». Según indica, el criterio de la justicia penal es que «si una persona ha sido requerida para que paralice una obra y no lo hace, ya tenemos una circunstancia que llevaría al juez de lo penal o a la Audiencia a ordenar el derribo por esa desobediencia grave a la autoridad». Además, «en todos los casos, si hay un ataque grave al urbanismo o al medio ambiente, se ordena el derribo aunque no haya existido desobediencia», pero «lo que no podemos hacer -señala- es, penalmente, ordenar un derribo en una urbanización consolidada donde la construcción está rodeada de muchísimas otras y el daño causado al medio ambiente es mínimo, sin perjuicio de que la administración lo ordene en vía administrativa».

«A la jurisdicción penal», asegura, «tienen que llegar los hechos más graves» y «lo que no puede pretender la administración es que le solucione la papeleta el derecho penal». El juez decano señala que la administración es la que tiene que actuar «y cuando sea un ataque grave al urbanismo o al medio ambiente, recurrir al ministerio fiscal». Pareja señala que un ciudadano «no puede pretender construir una nave de aperos y después una casa, y querer que se la legalicen. «Se podrá regularizar lo que esté consolidado», afirma, pero «no ataques flagrantes contra el urbanismo y el medio ambiente».

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