El coportavoz del grupo municipal de Ganemos, Rafa Blázquez, exigió ayer a la alcaldesa que «afronte la lucha por el derecho a la vivienda» y justifique cuáles son las actuaciones que está haciendo para presionar a la Junta de Andalucía en aumentar el parque público, dependiente de la administración autonómica. Blázquez hizo estas declaraciones ante la respuesta, a su juicio, «insuficiente», que le han proporcionado desde la Alcaldía a la pregunta formulada en el pleno de febrero sobre qué está haciendo el Ayuntamiento para reclamar a la Junta más vivienda social en la ciudad.

En este sentido, Blázquez recriminó a la Junta «no tener un plan para atender la emergencia habitacional de la ciudad de Córdoba, y encima el Ayuntamiento no se lo exige», ha declarado, por lo que sin esta medida solo se van a poner «tiritas ante la hemorragia que sufrimos en materia de vivienda». El concejal comentó, además, que la alcaldesa «ha tardado dos meses en darnos una respuesta, a nuestro juicio insuficiente, y lo que ha hecho es un corta y pega de las medidas que hace la Junta».

TANTEO Y RETRACTO/ El edil hizo referencia a la ley de tanteo y retracto, aprobada la semana pasada en el Parlamento, que le permite a la Junta de Andalucía adquirir de manera preferente las viviendas en el tramo final de los procedimientos de ejecución hipotecaria, para poderlas ofrecer a las familias que están amenazadas de desahucio por los bancos. «Con esta ley», dijo, «lo que está haciendo la Junta es «rescatar de nuevo a los bancos y no a las personas y se les está facilitando que el procedimiento de ejecución hipotecaria se lleve a término y, para colmo, desincentiva que el banco llegue a un acuerdo con las familias amenazadas de desahucio».

Según Blázquez, «la medida estrella de la Junta de Andalucía en materia de vivienda, con una dotación de 4.420.000 euros de aquí a 2020, es una ley que, en el mejor de los casos, permitiría aumentar el parque público en 7 viviendas por provincia y año», lo que, a su juicio, «es inaceptable y eso significa que tenemos que presionar para que la Junta cambie esa política». «Con esa previsión», ha incidido, «evidentemente no se pueden atender a las 1.500 familias cordobesas acreditadas por los servicios sociales que no pueden optar a otra cosa que no sea alquiler social, y que esperan años o décadas hasta que se les asigna una». Por último, el edil recalcó que España está a la cola en materia de vivienda social «con un parque que representa tan solo un 2%, mientras que en Europa esa reserva supone entre un 15 y un 30%».