Hasta 15 presos de ETA llegó a albergar el Centro Penitenciario de Alcolea, en Córdoba, hace una década. En el 2019 quedaban tan solo nueve y en el primer trimestre del 2020, siete, mientras que el penúltimo día del 2020, la Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias informó de que dos de ellos serían trasladados a la prisión de Daroca (Zaragoza).
Esta última orden deja a Ana Belén Egües Gurrutxaga Dolores y a Kepa Preciado como los únicos etarras que aún permanecen en la cárcel cordobesa después de que tanto las distintas políticas de acercamiento de presos a cárceles del País Vasco como el cumplimiento de penas han ido reduciendo la lista hasta dos, la que fuera jefa del comando Madrid y uno de los miembros que atentó contra el exdiputado Eduardo Madina, que aún permanecen en el primer grado penitenciario, es decir, en régimen de aislamiento.
Esa calificación se debe a que tanto Dolores como Preciado pertenecen al ala dura del entorno de ETA y del mundo abertzale. No aceptan las condiciones del Estado para lograr beneficios penitenciarios, como reconocer la legalidad penitenciaria y remitir escritos en los que renuncian al uso de la violencia, así como pedir perdón y asumir su responsabilidad por el dolor causado a sus víctimas. De hecho, uno de ellos no suele aceptar visitas ni siquiera de representantes de la izquierda radical vasca que suelen acudir a la cárcel cordobesa periódicamente. Las cartas son la única acción que ha de realizar el terrorista para que se le traslade a una prisión más cercana a su familia. También es preceptivo el informe favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión, en el que es clave el del psicólogo del centro.
Así lo hicieron sus dos últimos compañeros en la cárcel de Córdoba, Francisco Javier Gallaga Ruiz e Ígor Portu Juanena. El primero ingresó en prisión el 14 de diciembre de 2004, su condena es de 30 años por asesinato, homicidio, incendio y estragos y cumplirá las tres cuartas partes de la misma en junio del 2027. Gallaga pertenecía a finales de los 90 del pasado siglo al denominado comando Andalucía responsable, entre otros, del único atentado terrorista que sufrió Córdoba en la historia de la banda ETA, del que en pocos meses se cumplirá el 25 aniversario. A las 7.30 horas del 20 de mayo de 1996, y al paso por la avenida Carlos III del autobús militar en el que viajaban unas veinte personas, los terroristas accionaron los explosivos, más de 200 kilos, pero sólo lograron que estallara uno en un contenedor, que causó la muerte del sargento Miguel Ángel Ayllón y heridas a un capitán y a un alférez y a dos civiles que circulaban por el lugar en su coche. Las penas impuestas por la Audiencia Nacional llegaron hasta los 351 años de cárcel. Gallaga fue el responsable del suministro del material explosivo de aquel atentado y ahora, previa petición de perdón a sus víctimas y la asunción de la legalidad penitenciaria, ha sido trasladado a la cárcel de Daroca, en Zaragoza.
Por su parte, Ígor Portu Juanena fue uno de los responsables de una de las últimas acciones de ETA, el atentado en la T-4 del 2006 que dio fin al periodo de negociación de la banda terrorista con el Gobierno Zapatero.
En aquel atentado murieron dos personas y la Audiencia Nacional le condenó a un millar de años de prisión. Tras presentar los correspondientes escritos, entre los que se encuentra su renuncia y desvinculación con ETA, Portu Juanena también ha sido trasladado al penal de Daroca. Ingresó en prisión el 11 de enero de 2008 y cumple una condena de 40 años de prisión por asesinato, organización criminal, tenencia de explosivos, estragos e incendios, por lo que cumplirá las tres cuartas partes de su condena en junio del 2035.
Con la orden desde Instituciones Penitenciarias del traslado de Gallaga Ruiz y Portu Juanena, los únicos reclusos pertenecientes a ETA que aún permanecen en el Centro Penitenciario de Alcolea, en Córdoba, son Peinado y Egües Gurrutxaga, de 51 años, que fue concejal de Herri Batasuna hasta 1999 y que en su día fue jefa del denominado comando Madrid, responsable al menos de diez asesinatos y un centenar de heridos. Por su parte, Kepa Preciado fue condenado a 377 años de prisión por, entre otros, atentar también contra una concejala socialista en Portugalete y el de Córdoba es el séptimo recinto penitenciario en el que está desde que fuera encarcelado en el 2004.
En 2020, 32 presos de ETA salieron a la calle, siete por libertad condicional y 25 por cumplimiento de condena, mientras que de los 195 que aún permanecen en prisiones españolas, 110 se encuentran en situación de primer grado, entre ellos, los dos internos del Centro Penitenciario de Alcolea, en Córdoba. Y ambos pertenecen al ala más dura del entorno de la banda terrorista.
