El expresidente del Gobierno de España y presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), José María Aznar, afirmó ayer en Córdoba que «no nos podemos permitir el dilema entre estabilidad y reformas, necesitamos las dos porque no es razonable confiarlo todo a la inercia de una recuperación que debe seguir recibiendo impulso».

Durante una conferencia ofrecida en el Colegio de Abogados, dentro de un ciclo en el que se aborda el futuro del Poder Judicial, mostró su «preocupación» por que el actual estado de fragmentación parlamentaria «puede ofrecer estabilidad pero no ser capaz de impulsar reformas», e instó a no renunciar a estas transformaciones «para mejorar la calidad de nuestras instituciones y de nuestras leyes». El expresidente señaló que «muchas veces apelamos a los consensos como una retórica, sin darnos cuenta de que no es posible llegar a acuerdos entre personas que piensan radicalmente distinto». Esto, a su juicio, «es una de las razones por las que es muy difícil el ejercicio de gobierno en unas circunstancias como las de ahora».

En el coloquio posterior a su intervención, destacó que en España «la Justicia se está viendo obligada a actuar sobre cuestiones que no son de su ámbito». De este modo, hizo referencia a la separación de poderes y manifestó que «la función de la Justicia no está en determinar responsabilidades políticas» y «la responsabilidad de los políticos es no permitir que las responsabilidades políticas se puedan dirimir en los tribunales de Justicia».

Al ser preguntado por su etapa de Gobierno y la modificación del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, recordó que en el 2001 tuvo lugar un pacto de Estadoy admitió que le hubiese gustado «retomar el marco inicial», pero no se pudo porque «el PSOE no aceptaba otra cosa que fuese la elección parlamentaria».

José María Aznar subrayó que «la seguridad jurídica es esencial», pero «la ponen en cuestión los que reinciden en el uso alternativo del Derecho y sustituyen el razonamiento jurídico por un discurso ideológico», así como «las posiciones rupturistas de los nacionalismos y los populismos». Entre otras ideas, también apostó por «depurar esas normativas tantas veces redundantes, contradictorias o inaplicadas de hecho». El acto fue presentado por el decano de los abogados cordobeses, José Luis Garrido, y contó con la asistencia del presidente de la Audiencia, Francisco de Paula Sánchez Zamorano; el fiscal jefe, Juan Calvo Rubio; el juez decano, Miguel Ángel Pareja, y miembros del PP como su portavoz en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, además de la esposa de Aznar, Ana Botella, abogados y otros invitados.