El Ayuntamiento no alterará su decisión de restringir la circulación de los vehículos de Uber, los únicos vehículos de alquiler con conductor (VTC) que operan de momento en Córdoba, en las zonas Acire, pese a que la empresa que opera esta aplicación, Ares SA, ha demandado al Consistorio cordobés por ese motivo.

El teniente alcalde delegado de Presidencia, Emilio Aumente (PSOE), y la teniente alcalde delegada de Hacienda, Alba Doblas (IU), aseguraron ayer, en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local, que se va a mantener la restricción de acceso a los VTC y que la demanda, en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo, no alterará esta decisión del equipo de gobierno.

En este sentido, Aumente explicó que la empresa que explota la aplicación de Uber «va contra el Ayuntamiento» en esta demanda interpuesta y que este «tiene que defender lo que se ha aprobado». En cualquier caso, el teniente de alcalde de Presidencia señaló que «es normal que recurran al juzgado en un Estado de derecho». En todo caso, el edil socialista incidió en que el Ayuntamiento va a «defender lo que se ha hecho», por lo que no se plantea ningún cambio de criterio, ni solución intermedia alguna, y mantendrá su decisión anunciada en octubre, el mismo mes en que empezó a operar Uber en la capital cordobesa, de restringir el tráfico por las zonas Acire y sancionar a quienes incumplan esa norma. Además de en las calles cuyo acceso está limitado por pilonas y otros sistemas de control, los coches de Uber no pueden circular por los carriles bus-taxi, ni estacionar o esperar clientes en las paradas autorizadas para los taxi o en sus inmediaciones.

La Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba (Auttacor) informó ayer a este periódico de que se personará en la causa abierta en los juzgados «en calidad de codemandado», con la esperanza de que «la justicia nos dé la razón», indicó su presidente, Miguel Ruano. Para este colectivo, las VTC no son «de interés general, como declaró en sentencia firme el Tribunal Supremo en junio», por lo que, a su juicio, deben estar sujetas a restricciones como los autobuses discrecionales u otros transportes «que no pueden inundar el centro histórico de una ciudad turística como Córdoba». Frente a esa postura se pronunció la Comisión Nacional de la Competencia, que exigió a varios ayuntamientos, incluido el de Córdoba, modificar la norma que limita el tránsito de VTC.