El Ayuntamiento cifra en un mínimo de 2,4 millones la cantidad que debe abonarle la empresa Ucop por los daños y perjuicios que le causa la resolución del contrato del centro de exposiciones, ferias y convenciones (CEFC) del Parque Joyero. Según un informe realizado por la arquitecta responsable del contrato en la Gerencia de Urbanismo, los «daños y perjuicios objetivamente cuantificables» ascienden a 2,4 millones «sin perjuicio de los que no son cuantificables en este momento pero que perjudicarán de igual forma» al Ayuntamiento «y que se propone sean requeridos al contratista en el momento que se vayan produciendo». Esto significa que, además de esos 2,4 millones, el Ayuntamiento reclamará más dinero a Ucop, a la que, además, no devolverá la garantía depositada para la obra, que asciende a 546.257 euros.

En los 2,4 millones tienen gran incidencia las mejoras de la obra, es decir, las actuaciones que debía ejecutar Ucop a coste cero para el Ayuntamiento y que influyeron en que se le adjudicase el proyecto. El informe explica que de las ocho mejoras ofertadas por Ucop, y valoradas en 2.093.780 euros, solo había ejecutado una por 90.041 euros cuando la Junta de Gobierno Local aprobó a final de marzo iniciar el expediente de resolución del contrato. Esas mejoras suponían el 17,27% del presupuesto de ejecución material (12,1 millones) y ahora implican el 34,68% de la cantidad de la obra que resta por acometer y que hay que sacar a concurso. El informe afirma que el Ayuntamiento tendrá que licitar lo que queda de proyecto por 5,7 millones y afirma que ese 34,68% «es excesivamente alto», por lo que «resulta inviable» incluir en el nuevo concurso las mejoras a coste cero para el Ayuntamiento. Por ello, el Ayuntamiento «se verá obligado a asumir el coste» e introducir esas mejoras en el presupuesto de licitación, «ocasionándole el consiguiente perjuicio económico». A eso hay que sumar el beneficio industrial y los gastos generales, que elevan la cifra a 2,3 millones.

A esos 2,3 millones hay que añadir 81.109 euros de las obras que debe ejecutar el Ayuntamiento para garantizar la seguridad del edificio durante el periodo de paralización de los trabajos y la interrupción de la vigilancia de los mismos por parte de Ucop.

En cuanto a los daños que no se pueden cuantificar porque dependen de «acontecimientos futuros», el informe alude al que ocasiona «al interés público» el retraso de la obra. El documento explica que cuando concluyan los trabajos, se cuantificarán los daños ocasionados por la pérdida de eventos en ese tiempo. El informe subraya también el perjuicio que tendrá el Ayuntamiento por tener que devolver a la Diputación los 1,5 millones concedidos como subvención por no concluir la obra a tiempo.

El documento advierte de los perjuicios que puede ocasionar la diferencia entre el presupuesto de adjudicación del nuevo contrato y el de licitación, teniendo en cuenta que esta obra salió a concurso por 14,4 millones y se encargó a Ucop por 10,9 millones, 3,5 millones menos. Otra variable a tener en cuenta es el daño por «el tiempo y coste del personal municipal» que debe dedicarse a una nueva licitación. El informe avisa, además, de las «posibles reclamaciones» de Surgenia, que tiene un espacio en el pabellón, o del resto de los propietarios del local del aparcamiento, por el retraso de la obra.

Otros daños y perjuicios que cuantificará el Ayuntamiento son los producidos por el deterioro de las unidades ejecutadas y por el coste adicional de la seguridad del pabellón el tiempo que esté cerrada la obra desde la resolución del contrato hasta la nueva adjudicación..