El Ayuntamiento atenderá la demanda hecha en más de una ocasión (y reiterada esta semana) por el Consejo del Movimiento Ciudadano e intentará eliminar la especial protección de algunas parcelaciones con la finalidad de que puedan acceder a la dotación de servicios básicos como luz, agua y saneamiento. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, anunció ayer, en una visita a San Rafael de la Albaida, que el Ayuntamiento tiene intención de revisar el PGOU y priorizar la retirada de la especial protección en terrenos no urbanizables, habitados y consolidados, para que tengan la opción de contar con servicios por adelantado al igual que los núcleos que están en suelo urbano y urbanizable que se beneficiarán de la reforma de la LOUA recién aprobada.

Establecer a priori cuántas parcelaciones o cuántas casas pueden beneficiarse es difícil. La alcaldesa dijo que se estudia su incidencia y que se analizará caso por caso porque no en todas las zonas se podrá actuar de la misma forma. Es más, dejó claro que «no es café con leche para todos», ya que «siguen existiendo ámbitos que, además de la especial protección, tienen otras circunstancias que les van a impedir para siempre tener el acceso a los suministros básicos». No obstante, la idea es eliminar la especial protección de la Vega, que es el espacio con más asentamientos -agrupaciones de casas adheridas a núcleos ya incorporados al PGOU- y que más se puede beneficiar, y de la Sierra, donde predominan las viviendas aisladas. Ambrosio indicó que la situación de estos dos espacios «no casa con la realidad» actual. En cualquier caso, piensa que núcleos del entorno de Villarrubia y El Higuerón serán los más beneficiados.

Con una eliminación de la protección en una actualización del PGOU, los asentamientos elegidos pasarían a ser considerados como suelo urbano y urbanizable, por lo que, con un plan parcial aprobado, podrían optar al adelanto de servicios; mientras que las viviendas aisladas podrían beneficiarse del Asimilado al Fuera de Ordenación (AFO) -inaplicable ahora en suelo protegido y con riesgos-, y aspirar también a luz, agua o saneamiento. Ambrosio incidió en que serán los propietarios los que correrán con los gastos de los servicios.

La alcaldesa reconoce que el proceso será «largo» y necesita «consenso», por lo que no culminará en este mandato. No obstante, se compromete a que sea «una de las tareas más inmediatas», por lo que asegura que tras el verano se constituirá una comisión para trabajar en algo que ya aprobó el Pleno al inicio del mandato y que no se ha cumplido, la revisión del PGOU. La alcaldesa opina que Córdoba «no puede estar a base de innovaciones».

Córdoba tiene aprobado un inventario con 87 núcleos con 4.419 casas en suelo no urbanizable, de los que 47 son asentamientos -2.783 casas-; 37 no forman parcelación pero suman 1.554 casas aisladas; y hay tres hábitats rurales -con 82 casas-.