El Ayuntamiento de Córdoba se prepara para gestionar el doble de reclamaciones a partir del 4 de diciembre, cuando entre en vigor, después de una prórroga de 6 meses, un nuevo decreto (472/2019, de 28 de mayo) de consumo que tiene por objeto la regulación de las hojas de quejas y reclamaciones en materia de consumo y su tramitación administrativa. El concejal de Gestión y Consumo, Antonio Álvarez (Cs), estima que los expedientes pasarán de los 1.300 que actualmente tramita la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) a los 2.600 anuales, ya que habrá que gestionar todos los que hasta ahora llegaban a la Junta de Andalucía (el año pasado esta administración recibió 2.077 quejas).

El nuevo decreto garantiza a la persona que tenga un conflicto de consumo con una empresa o un profesional una valoración técnica de los hechos por parte de los organismos de consumo y una solución, al tiempo que le asesorarán sobre el mejor camino a seguir. Además, se incluye un formulario más sencillo, y se obliga a la empresa reclamada a que dé una respuesta más completa al consumidor, que permitirá que muchos de los conflictos se solucionen sin necesidad de dar cuenta a la Administración.

La principal novedad del decreto determina que será competente para tramitar las quejas «el servicio público de consumo de inferior ámbito territorial», es decir, el Ayuntamiento de cada localidad. «El nuevo decreto va a conllevar un esfuerzo muy grande porque la Delegación de Consumo no tiene personal suficiente para atender tantas reclamaciones», reconoce el edil Antonio Álvarez, que fija como primer objetivo ampliar la plantilla en esta área municipal para poder gestionar la avalancha de expedientes. Actualmente, hay cinco trabajadores en la OMIC (incluido el jefe de la unidad), dos personas en la junta arbitral de consumo y otro departamento de tramitación de expedientes sancionadores de consumo, «que desde hace cinco años no tiene actividad por falta de personal».

El concejal de Consumo se ha reunido ya con la delegada de la Junta de Andalucía competente en esta materia, María Jesús Botella (PP), y están previstas unas jornadas formativas para el personal el próximo 9 de octubre en Granada, así como sesiones informativas para los municipios cordobeses, en colaboración con la Diputación de Córdoba. «Se pretenden hacer modelos comunes de inadmisión o de comunicación, a fin de que el proceso sea lo más homogeneizado posible», explica Álvarez. También se tendrá que arbitrar una fórmula para remitir los expedientes a la Administración andaluza, o a la delegación pertinente. Otro de los retos que debe afrontar el Ayuntamiento es la recepción de las hojas de reclamaciones electrónicas, cuya tramitación también se recoge en el nuevo decreto.