El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba aprobará mañana el dictamen-memoria de la comisión de seguimiento de la auditoría de la deuda municipal, que ha estado presidida por María Ángeles Aguilera y que fue un empeño de Ganemos Córdoba. De hecho, la comisión fue una demanda de este grupo municipal desde el comienzo del mandato y su constitución formaba parte del acuerdo de las 51 medidas firmado con PSOE e IU para la gobernabilidad del Ayuntamiento. La comisión ha celebrado desde su constitución, en julio del 2017, 21 reuniones y dos jornadas de trabajo, que pronto abandonaron los partidos de la oposición, PP, Cs y Unión Cordobesa, por considerar la comisión inútil y politizada. Además de los grupos municipales, estaba formada por funcionarios y una representación de la sociedad civil.

El grupo de trabajo se ha centrado en el análisis de tres aspectos de la gestión municipal: los beneficios fiscales (exenciones y bonificaciones tributarias), la deuda y los préstamos bancarios, y dos supuestos de obra pública: el fallido Palacio del Sur y la ampliación del aeropuerto.

Del análisis del primer punto sale el titular de esta información: el Ayuntamiento pierde al año 9 millones de euros en exenciones y beneficios fiscales de IBI a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, a confesiones religiosas, centros de enseñanza concertados, hospitales privados, edificios del Estado, el Ejército, la Junta, la Diputación o la Universidad, entre otros.

Según las conclusiones a las que ha tenido acceso CÓRDOBA, en el ámbito de las fundaciones existen al menos 26 locales comerciales (sucursales) donde desempeñan su actividad económica diversas entidades bancarias que están exentas de pagar IBI al figurar como propietarios de dichos inmuebles las fundaciones bancarias vinculadas a las entidades financieras. El dictamen advierte de que se estaría usando «una vía legal como posible elusión fiscal», lo que supone una merma de 47.987 euros al año para las arcas municipales.

Las confesiones religiosas, por su parte, se ahorran, según el dictamen, 1.255.624 euros al año en pago del IBI de los 443 bienes inmuebles que disfrutan de algún tipo de exención en la actualidad. Entre ellos, hay locales comerciales, establecimientos hoteleros, naves industriales, plazas de aparcamiento o solares.

Además, la comisión ha auditado la deuda de más de 239 millones que poseía el Ayuntamiento en el 2017 (en febrero de este año, la responsable de Hacienda, Alba Doblas, la cifró en 190 millones), aunque el periodo de análisis se ha limitado al que va del año 2005 al 2015. En concreto, el análisis se ha centrado en tres grandes momentos de endeudamiento: el 2005, año en el que se contrajo una deuda por 52 millones; 2010, por 152 millones; y 2013-2014, por 97 millones más.

Según el estudio, la deuda municipal alcanzó su pico más alto en el 2011, siendo la media del periodo 2000-15 de 245 millones de euros. En dos periodos, sobrepasó el 100% de los ingresos reales del Ayuntamiento: en 2003-05, siendo alcaldesa Rosa Aguilar (la deuda ya alcanzaba los 200 millones), y en 2008-12, etapa compartida por Aguilar, Andrés Ocaña y José Antonio Nieto. En el 2008, el 28,3% de la deuda correspondía a operaciones de refinanciación; mientras que en el año 2015, a medida que crece la bola de nieve, esas operaciones suponían el 76,6% de la deuda (211,2 millones).

38 MILLONES PARA LA DEUDA / En el 2015, cuando se produce el cambio de gobierno e Isabel Ambrosio entra en Capitulares, había una deuda de 236,7 millones contraída a través de 29 préstamos bancarios. Solo ese año, se pagaron 12,2 millones de intereses y se amortizó capital por 25,8 millones, «siendo el coste total del pago del servicio de la deuda de casi 38 millones, es decir, el 13% del presupuesto anual del Ayuntamiento». La memoria destaca un préstamo con BBVA de 56 millones a un 6,25% de interés fijo, y otro, de Caja Castilla la Mancha de 3 millones, por el que solo en el 2015 se pagaron 822.000 euros en intereses, al 58,46%.