El Pleno sacó adelante una propuesta de IU, que contó con los votos favorables de PSOE y de Ganemos y con el rechazo del resto de grupos, con la que el Ayuntamiento reclamará al Gobierno central medidas urgentes que favorezcan el derecho a la vivienda. Entre esas medidas están que se frene «el desbocado proceso de pérdidas de viviendas por su conversión en instalaciones turísticas», que, en la mayoría de los casos, se encuentran en situación irregular, y que «está alterando los usos de la ciudad, generando problemas de convivencia y encareciendo el precio del alquiler». En este sentido, el Ayuntamiento reclamará al Gobierno que prohíba la publicidad y la contratación de viviendas turísticas a través de plataformas digitales sin autorización. Además, exigirá tener competencias para sancionar, adoptar medidas como la declaración de zonas saturadas de alojamientos turísticos, establecer moratorias para otorgar licencias en esos espacios y fijar los límites máximos de esos permisos.

Durante el debate, Rafael Serrano (UCOR) reclamó medidas concretas para Córdoba para limitar los alojamientos turísticos, mientras que David Dorado (Ciudadanos) defendió que, más que eliminar viviendas de este tipo, lo que hay es que «regular su uso». Por su parte, Rafael Blázquez (Ganemos) dejó claro que «no se puede pedir a Rajoy que haga cosas en relación a las viviendas turísticas y no poner herramientas para frenarlas» desde otros ámbitos.

Aunque Ganemos intentó introducir una moción con peticiones dirigidas a la Junta y al propio Ayuntamiento, esta no salió adelante, al ser apoyada solo por UCOR y Ciudadanos (el PP se abstuvo y el equipo de gobierno votó en contra). Blázquez insistió en que su propuesta «enriquece» a la aprobada, por lo que «todo queda cojo sin hacer un llamamiento a la Junta y al Ayuntamiento». Tanto Luis Martín (PP) como David Dorado y Rafael Serrano aprovecharon para censurar a la empresa municipal Vimcorsa, que preside Alba Doblas (IU), «su falta de actividad» para aumentar la dotación de viviendas de alquiler. El debate tuvo momentos de tensión entre Martín y Doblas (el concejal la acusó de llamar «sinvergüenzas» a los integrantes del PP, cosa que negó la edil).

Como IU, PSOE y Ganemos piensan que el aumento de los precios del alquiler se debe también a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el acuerdo implica reclamar al Gobierno que la reforme para alargar la duración de los contratos de tres a cinco años y limitar el aumento de los precios. Mediante este acuerdo, el Pleno también solicita al Gobierno que en los próximos presupuestos contemple 2.000 millones para las políticas de vivienda. De hecho, el concejal Emilio Aumente (PSOE) dejó claro que la financiación es clave para promover viviendas en alquiler. En todo momento, Doblas incidió en la urgencia de lo reclamado.