La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, compareció ayer ante los medios para reiterar su compromiso con el proyecto de Cercanías e informar de las «sorpresas» de última hora planteadas «por vía telefónica» por el presidente de Renfe. Según Ambrosio, que volvió a reclamar una reunión urgente «en el mes de agosto» con el Ministerio de Fomento para concretar los detalles de la puesta en marcha del servicio de cercanías, Renfe habría puesto ahora dos condiciones nuevas sobre la mesa. En concreto, «la necesidad de tres a cuatro meses para formar al personal», algo que insistió, «no se había explicitado antes en más de un año de conversaciones», y el incremento del 92% del coste que deberá asumir el Ayuntamiento para la puesta en marcha del cercanías y que pasará de 1.150.000 a 2.257.000 euros «debido a la aplicación del canon que Renfe debe pagar a Adif como concesionaria de las infraestructuras ferroviarias», un canon que habría sido aprobado e incluido en los Presupuestos Generales del Estado y que se ha hecho efectivo en el mes de julio, según explicó. Este incremento, aseguró la alcaldesa, «será asumido por el Ayuntamiento» de forma que no sea «un requisito económico impedimento para su funcionamiento». El Consistorio se hará cargo del coste, al menos de forma temporal, a la espera de que el servicio sea declarado «obligación de servicio público», lo que trasladaría al Gobierno central dicho coste.

Según la alcaldesa, una vez recibidos los datos de Renfe, se han iniciado los trámites administrativos para el contrato, que se prolongarán en torno a dos meses, «con la idea de que el cercanías empiece a funcionar al inicio del curso escolar», reiteró. El Ayuntamiento estima que «en el peor de los escenarios, el servicio empezaría a funcionar con 116.000 pasajeros al año, más los que acuden a Rabanales» y tendría el mismo coste que el media distancia al campus universiario.

Ambrosio compareció ante los medios junto al presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, que se unió a Ambrosio en la exigencia de una reunión y una respuesta «por escrito» del Ministerio de Fomento que constate «su voluntad política de sacar el proyecto adelante». En esta línea, reivindicó «menos fotos y más papeles». Para el Movimiento Ciudadano, «el cercanías es un proyecto estratégico de ciudad» que deben asumir todos los partidos políticos e insistió en que «septiembre es el momento adecuado y hay tiempo suficiente para que esté funcionando». En este sentido, aseguró que lo que dice Renfe sobre la formación del personal «no es cierto porque hay maquinistas parados que conocen el trayecto», según les consta por los sindicatos.

Tanto Ambrosio como De Gracia reconocieron que de empezar a funcionar en septiembre, «el servicio no lo haría en situación de excelencia porque faltan dos estaciones y porque hay que repensar otros aspectos vinculados a la movilidad como la intermodalidad o la necesidad de aparcamientos en el entorno de las estaciones». Pese a no estar «en condiciones ideales», Ambrosio aseguró que «esto es una prioridad» y puso la pelota sobre el tejado del Ministerio de Fomento, a quien pide que se comprometa formalmente con el proyecto y que responda a la petición reiterada de una reunión formal señalando que «la agenda de la alcaldesa estará abierta en agosto para este tema».

Por otro lado, la plataforma Metrotren ¡ya! lanzó ayer un comunicado tras las declaraciones de Ambrosio y De Gracia quejándose de que «el plazo prometido por la alcaldesa pueda volver a sobrepasarse». La plataforma cree que «el retraso injustificado de más de un año es achacable a la falta de voluntad del equipo de gobierno municipal» y se sorprenden de que «el Ayuntamiento necesite dos meses para preparar el pliego mientras se exige celeridad a una empresa pública». Asimismo, criticó que ni el Ayuntamiento ni la Subdelegación les hayan informado al respecto.

Los alcaldes de Villa del Río, Montoro, Pedro Abad, El Carpio, Villafranca, Almodóvar, Posadas, Hornachuelos y Palma del Río tienen previsto presentar hoy ante la Subdelegación del Gobierno un escrito en el que reclamarán la puesta en funcionamiento del servicio de cercanías del Valle del Guadalquivir y la declaración de oficio de la obligación de servicio público.