El Ayuntamiento tiene intención de llevar a cabo «de manera inmediata» los cambios previstos en el callejero después de que el Pleno aprobara el martes el dictamen de la comisión de la memoria histórica, que incluye la eliminación de los nombres de quince calles por considerarlas vinculadas al franquismo. Aunque a primera hora de la mañana fuentes municipales afirmaban que aún no había nada cerrado sobre el procedimiento «participativo» que se hará, y que se estaba trabajando en la hoja de ruta y en los plazos, por la noche, el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, aseguraba que sí está definido el camino a seguir y que «se va a hacer ya». Aunque asevera que no hay plazos, insiste en que los trámites «se van a llevar a cabo inmediatamente por parte de la Gerencia de Urbanismo».
El concejal explica que el organismo municipal elaborará un expediente por cada calle en el que aparecerá el nombre propuesto, que deberá ser aprobado por su consejo rector y, posteriormente, por el Pleno. La idea del equipo de gobierno es «abrir un proceso de participación ciudadana y llegar a un consenso entre todos», según indica. La intención del Ayuntamiento es que «los expedientes se aborden en los órganos de ciudad», los consejos de distrito, «para que hagan sus propuestas». También puede ocurrir que el gobierno local, «si llegamos a un acuerdo entre todos», plantee alternativas a los consejos para que las analicen.
El portavoz de Ganemos pidió ayer en el consejo rector de Urbanismo que se ponga en marcha el proceso, que «no se puede quedar dormido», y que debe contemplar la participación vecinal. El presidente de Urbanismo, Pedro García, le garantizó que se buscará «el consenso». Lo normal es que cuando un colectivo quiere que una calle sea rotulada con un nombre en concreto, dirija la solicitud argumentada a Urbanismo, que la analiza y elabora el expediente que envía al consejo de distrito para que se pronuncie. Sin embargo, en este caso, además, y según fuentes de Urbanismo, «se van a buscar fórmulas» para que haya acuerdo en la nominación de las calles. Blázquez volvió a plantear lo que adelantó en el pleno, que se pongan nombres de mujeres, ya que la mayoría de las calles rememoran a hombres.
El tema de los plazos no está claro. La Ley de la Memoria Histórica, en su disposición adicional segunda, fija un periodo de doce meses para «la retirada o eliminación» de elementos como «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones, como el callejero», a contar desde su entrada en vigor, que fue el 4 de abril del 2017. Esto implica que el plazo expira dentro de mes y medio. De no cumplirse (lo que se considera una infracción leve y conlleva multa de entre 200 y 2.000 euros), la Junta puede abrir de oficio el procedimiento de retirada y realizarlo de forma subsidiaria. El presidente de la comisión de memoria histórica, José Rojas, asegura que «la ley es clara» al respecto. «Una vez que se aprueba», en la fecha estipulada «debe estar atendida con las actuaciones que recoge» y «como tiene sanciones, cualquier entidad o ciudadano puede denunciar su incumplimiento», que es el riesgo que también ve Rafael Blázquez, que, no obstante, no cree que «la Junta presione» en ese sentido.
El gobierno local considera que con el acuerdo del Pleno ya se están cumpliendo los plazos, por lo que no ve problema alguno. Esa misma tesis mantiene el presidente del Foro por la Memoria de Córdoba, Luis Naranjo, que asegura que «el Ayuntamiento ha cumplido con los plazos». A su juicio, «el acto formal es el del Pleno» y «la cuestión técnica de eliminación de los nombres se puede hacer después». Además, «los doce meses son flexibles porque no hay un reglamento que desarrolle» la ley. No obstante, considera que el plazo real para modificar el callejero va a estar más cercano «al final del mandato» que a dentro de mes y medio.
