La alcaldesa, Isabel Ambrosio, anunció ayer que el Ayuntamiento de Córdoba se hará cargo del proceso de exhumación iniciado ayer en el cementerio de La Salud, si la Junta de Andalucía, tras el cambio de gobierno, decidiera dejar de hacerlo. «Si desgraciadamente el Gobierno andaluz no se hace cargo, lo haremos nosotros», aseguró la regidora, ya que considera que no sería «ni justo ni lógico» que se desaprovechara el trabajo ya hecho durante todo este tiempo. La regidora socialista avanzó que tiene previsto mantener hoy una reunión con el director general de Memoria del Ministerio de Justicia, Fernando Martínez, para abordar la continuidad del Gobierno central en este proceso y su participación económica. Asimismo, pidió a los familiares que tengan «un poco más de paciencia», pero se mostró firme en su propósito de «no dejar pasar la oportunidad».

Ambrosio hizo estas declaraciones en el emotivo acto de inicio de las catas arqueológicas en una parcela de La Salud, donde se cree que están enterradas víctimas del franquismo. Numerosos cordobeses y familiares de represaliados, así como miembros de asociaciones memorialistas, se dieron cita en el cementerio para dar solemnidad a un acto que pone fin a 82 años de silencio y espera. En su discurso, la alcaldesa criticó a quienes «pretenden negar o difuminar» que en Córdoba capital fueron 4.000 personas fusiladas o represaliadas, y expresó su deseo de que nadie «le ponga freno» a la recuperación de la memoria. «No se puede hablar de libertad ni de democracia sin la defensa de los derechos humanos».

La delegada saliente del Gobierno andaluz, Esther Ruiz, por su parte, puso en valor el trabajo realizado en Andalucía con la aprobación de la ley de memoria democrática y agradeció el esfuerzo de los familiares en pos de la verdad. «Tenemos que seguir trabajando para que dignifiquemos, recuperemos y hagamos justicia», dijo.

Juan Manuel Guijo y Remedios Gómez, ayer, con el legón en una fosa del cementerio de la Salud. Foto: FRANCISCO GONZÁLEZ

Por su parte, Elena Vera, miembro del equipo científico que trabajará tanto en la parcela de San Ramón como en la fosa común de La Salud, explicó el proceso arqueológico que se hará en estas catas, las primeras que se hacen en la capital y que deben dar paso a la posterior exhumación y cotejo de los datos de ADN. Precisamente, los familiares criticaron el retraso de estas pruebas, que la Junta se comprometió a hacer en colaboración con la Universidad de Granada. Los familiares, algunos hijos de víctimas, nietos y sobrinos, llegados de pueblos de toda la provincia, como Puente Genil, Aguilar, Doña Mencía, Palma, Montoro, Valsequillo o Los Blázquez, defendieron la necesidad de cerrar su duelo y recordaron que esta pretensión es un derecho recogido por la ONU. Además, pidieron a la Junta no solo el mantenimiento de los procedimientos exhumatorios iniciados, sino la realización inmediata de las pruebas de identificación.

Antonio Deza, presidente de la asociación Dejadnos llorar, reconoció estar cumpliendo un sueño «de muchísimos años», ya que las familias siguen teniendo intacta la «esperanza de poder recuperar sus restos, besarlos y darles una sepultura digna, no como a perros, que es la que tuvieron. Un Estado moderno no puede permitirse tener tantos miles de personas en fosas y cunetas». Preguntado sobre la posibilidad de que se dé marcha atrás en cuestiones de memoria, se mostró optimista: «Esto no hay fuerza humana que lo pare ya. Es una cuestión de dignidad como nación. Sería monstruoso». Considera que la entrada de 12 parlamentarios de Vox en el Parlamento andaluz «no va a ser motivo para poner el Estado bocarriba y anular todas las leyes internacionales» y afirmó que «la concordia no es dejar a más de 100.000 personas olvidadas».

José Manuel Matencio, portavoz de la plataforma de la Comisión de la Verdad, tildó de histórico el momento vivido ayer, e insistió en que la reconciliación no es una cuestión «ni de derechas ni de izquierdas». «Lo único que buscamos es que cada familia tenga un sitio donde rezar o llevar unas flores», --explicó--. «No hacer nada sería alargar el franquismo. Esto es una responsabilidad cívica», concluyó. En un comunicado, Ganemos aseguró que estarán «vigilantes» para que se culminen las exhumaciones.