Ni la Subdelegación del Gobierno ni el Ayuntamiento de Córdoba han querido entrar en conflicto con la Mutualidad de previsión social de la Policía (Mupol), que insiste en que parte de los terrenos sobre los que se levanta la actual comisaría de Campo Madre de Dios son suyos y fueron ocupados «ilegítimamente». De este modo, la administración central y la municipal tratan de evitar un nuevo rifirrafe en torno a este asunto, que el lunes ambas instituciones quisieron dar por desbloqueado a nivel político. De hecho en la reunión que mantuvieron la alcaldesa, Isabel Ambrosio, y el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, se pusieron sobre la mesa «todas las posibilidades» para dar salida al equipamiento: el incremento de altura de las actuales instalaciones, la puesta a disposición del Ministerio de un nuevo solar en la misma zona o la utilización de un equipamiento del entorno.

La mutualidad, por su parte, está dispuesta a plantar batalla y defender lo que cree es suyo. Así en una carta enviada a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, Mupol relata, desde su punto de vista, la historia de los terrenos que cedió el Ayuntamiento de Córdoba al Estado durante la dictadura franquista para la construcción de la comisaría. Mupol explica que fue creada en 1951 por el Ministerio de la Gobernación, bajo la denominación de Asociación Mutua Benéfica de la Policía Armada y de Tráfico y que era de adscripción y permanencia obligatoria para todos los policías. El colectivo estuvo controlado y dirigido por mandos policiales en régimen militar hasta 1989. A partir de esa fecha y en la actualidad, la mutua es una entidad sin ánimo de lucro que presta servicio a sus asociados en temas como la jubilación.

En ese contexto, se produjo en 1958 la cesión de los terrenos a la mutualidad --que los pavimentó y cercó perimetralmente-- con un coste de 80.000 pesetas de la época, «procediendo posteriormente a realizar un encargo arquitectónico que la construcción de 30 viviendas policiales», que como sabemos no llegaron a construirse.

Precisamente Mupol sostiene que ese proyecto constructivo se paralizó, porque la máxima autoridad policial de la época «ordenó que los terrenos fueran ocupados para dar servicio a la comisaría como aparcamiento y talleres». «Por cualquier observador de esta realidad --continúa diciendo la carta-- es fácil concluir que la mutualidad fue desposeída de los terrenos, por vía imperativa de una orden de un general a la que era imposible oponerse; podríamos decir que se produjo una ocupación por la vía ejecutiva de la fuerza que otorgaba una orden de un general militar dentro de un régimen político de dictadura», añaden desde la mutualidad. Por todo ello, Mupol lamenta que el Ayuntamiento de Córdoba «incite al Ministerio de Interior» a que consolide una posición «ilegítima» quedándose con la integridad de los terrenos.

Fuentes de Alcaldía responden a esta acusación negando que el Ayuntamiento «haya instigado a nadie a pleitear con nadie», ya que «se ha limitado a remitir al ministerio un informe de la secretaría que concluye que la propiedad del suelo es de Interior». En esta línea, las fuentes insisten en que la cesión se produjo al entonces Ministerio de la Gobernación y con posterioridad a la Mutualidad, «por lo tanto las diferencias entre Interior y la mutualidad deberán dirimirlas entre ellos», ya que «en nada afectan al Ayuntamiento».

El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, responde también a los mutualistas pidiendo «sacar definitivamente este tema de un debate estéril en los medios de comunicación», al tiempo que aprovechó la ocasión para afirmar que el Gobierno «reafirma su voluntad de construir la mejor comisaría posible para Córdoba y para la Policía».