El Ayuntamiento ya tiene la fórmula para acelerar la terminación del Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero y es la misma que utilizó la Junta en el Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Tras la junta de gobierno local que, como avanzó este periódico, daba luz verde a la modificación del contrato con los arquitectos Fernando Suárez y Javier Terrados para que redacten el proyecto de lo que queda de obra y continúen dirigiéndola, el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente, anunció que, si no surgen imprevistos, la empresa pública Tragsa será la encargada de reanudar la reforma que quedó parada en febrero del 2017, cuando expiró el último plazo que tenía UCOP para terminarla (aunque todo el 2016 estuvo al ralentí). ¿Qué significa esto? Que si Tragsa ejecuta los trabajos, el Ayuntamiento no tendrá que sacar a concurso lo que resta de los mismos, con lo que se producirá un importante ahorro de tiempo, y no poco a tenor de lo que están tardando este tipo de procedimientos, que en muchos proyectos están necesitando entre ocho meses y un año entre la licitación y la adjudicación.
¿Cómo podrá encargar el Ayuntamiento a Tragsa la obra? A través de la Diputación, que ayer mismo, y según explicó Aumente, recibió autorización del Ministerio de Hacienda para ser accionista de la sociedad estatal Tragsa. Aumente aseguró que ayer por la mañana llegó el permiso de Hacienda para que la Diputación adquiera «una acción» de Tragsa, operación que debe aprobar el Pleno de la institución provincial. Cuando eso ocurra, el Ayuntamiento podrá negociar directamente con Tragsa la reanudación de la reforma.Después, el Ayuntamiento podrá acceder a los servicios de Tragsa a través del convenio que tiene firmado con la Diputación, institución que aporta 1,5 millones en el centro de ferias.
En Tragsa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) tiene el 51% de las acciones; el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), el 38,9%; la Dirección General de Patrimonio del Estado, el 9,9%; mientras que el resto del capital se lo reparten 33 diputaciones, comunidades autónomas y cabildos con una sola acción cada uno.
Paralelamente, los arquitectos que redactaron el proyecto original trabajarán en su modificación para incorporar los cambios necesarios. Aumente no cree que ese trabajo se alargue más de «quince o veinte días». El nuevo proyecto es el que determinará el coste real de lo que queda de obra, que, una vez que empiece, tardará «cuatro o cinco meses en estar acabada», indicó el concejal. Además de «ahorrar el tiempo de la licitación», el encargo a Tragsa supone «una garantía» de que la empresa «no nos dejará tirados». Aún así, Aumente no quiso aventurarse a dar plazos concretos para el reinicio de la obra.
Los arquitectos Suárez y Terrados, a los que el anterior gobierno del PP adjudicó la redacción del proyecto y la dirección de obra por 806.858 euros, percibirá 79.995 euros más por modificarlo, es decir, un 9,9% más. Según el expediente abordado ayer en la junta de gobierno, el Ayuntamiento abonó parte de los honorarios entre el 2014 y 2016, pero no todos. La junta de gobierno autorizó pagarles lo que aún no han recibido más la cantidad por la que aumenta el contrato. El total, el órgano autorizó un gasto de 265.434 euros, de los que el Ayuntamiento pagará 44.275 este año y 221.159, el que viene.
El incremento del precio del contrato se justifica, según un informe de Urbanismo, por partidas no contempladas destinadas a reparar obras defectuosas; las actuaciones necesarias para ejecutar una modificación solicitada en noviembre del 2016; tareas que hay que repetir; o las mejoras, valoradas en 2 millones y de las que la empresa adjudicataria solo realizó trabajos por valor de 90.051 euros.
