El Ayuntamiento de Córdoba ha desatendido hasta en cuatro ocasiones las comunicaciones realizadas por el Defensor del Pueblo Andaluz en materia de ruidos de bares. Esta institución ha publicado recientemente el estudio La contaminación acústica provocada por la emisión de música no autorizada en establecimientos de hostelería. Incidencia en los derechos constitucionales de la ciudadanía, un documento en el que analiza la situación en la comunidad autónoma y la respuesta que los consistorios municipales han dado a la resolución que les ha enviado. El de Córdoba ha sido uno de los 23 de la provincia que han desoído al Defensor. En cambio, sí han respondido el 70% de los municipios de la provincia y ha aceptado su resolución el 99%. La respuesta de Santa Eufemia ha sido calificada como otras.

La actuación de este comisionado del Parlamento andaluz ha sido motivada, fundamentalmente, por la observación de que algunas administraciones locales han autorizado o tolerado la instalación de terrazas de veladores a locales con música, una iniciativa contraria a la normativa. El informe recuerda que la emisión de música puede ser autorizada, salvo actos extraordinarios u ocasionales, en espacios interiores, cerrados e independientes.

La resolución enviada a los ayuntamientos recoge recomendaciones y sugerencias, con el objetivo de que «de acuerdo con una jurisprudencia muy consolidada», asuman «la responsabilidad de impedir que, de manera impune y con una pasividad intolerable por parte de los responsables municipales, muchos locales de hostelería violaran, además del derecho a la protección de la salud y al descanso, los derechos fundamentales a la integridad física y moral, y a la intimidad personal y familiar en el hogar». El estudio concluye que «la gran mayoría de los ayuntamientos se compromete a aplicar y hacer respetar la legislación».

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Entre otras cuestiones, también alude a una «inmensa mayoría de empresarios que ejercen su actividad con profesionalidad y respeto al ordenamiento jurídico, y cuya imagen resulta afectada por la actitud insolidaria de unos pocos», y subraya el «desprecio» de estos últimos hacia los afectados, «que viven el calvario del día a día sin que obtengan la protección de las administraciones públicas».

El primer escrito remitido al Ayuntamiento de Córdoba está fechado en julio del año 2014. Después de este, se produjeron tres reiteros en enero, mayo y agosto del año 2015. Estas comunicaciones son enviadas al alcalde, por lo que las tres primeras fueron dirigidas a José Antonio Nieto (PP) y la última, a Isabel Ambrosio (PSOE). Según apuntan desde la oficina del Defensor, son los regidores municipales quienes derivan las comunicaciones al área competente en la materia. Además, precisan que la falta de contestación se interpreta «como una falta de colaboración del ayuntamiento». Esta situación queda recogida en el estudio que se dio a conocer el pasado mes de septiembre y también puedeN incluirse en el informe anual del Defensor dos documentos que llegan al Parlamento de Andalucía.

En Córdoba han sido 14 las protestas por el ruido de bares tramitadas desde el año 2014, de las que diez proceden de la capital y otras cuatro, de Montilla, Fuente Palmera, Adamuz y Doña Mencía. Las mismas fuentes indican que «el hecho de que la cifra de quejas sea menor en Córdoba (respecto a otras provincias) no tiene que ver con que el problema sea menor», sino que pueden influir circunstancias como la propia implantación del Defensor en el territorio. También informan de que en torno al 70% de las quejas que reciben por ruidos son motivadas por la hostelería y desde el 2014 son 473 los andaluces que han protestado por la contaminación acústica.

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