El estudio de Movilidad en el que el Ayuntamiento trabaja desde el mes de abril para prever el impacto de la apertura de la Ciudad de la Justicia considera que «no conllevará una afectación importante» y que será «compatible con la normal explotación de las infraestructuras urbanas e interurbanas en las que se enclava, así como de los sistemas de transporte público, manteniéndose los niveles de servicio similares a los actuales». La idea que barajan los técnicos municipales es que la incidencia en el tráfico será «moderada», porque las horas de los futuros trabajadores del nuevo edificio judicial y los usuarios no coincidirán. Así, la recomendación es «ser conservador en la toma de decisiones» relativas a cambios de sentido o prioridades en intersecciones, esperar a que se ponga en marcha el edificio para tomar medidas, y potenciar el uso del transporte público y la movilidad ciclista y peatonal, frente al vehículo privado.

El concejal de Movilidad, el socialista Andrés Pino, considera que su departamento está haciendo «un tratamiento serio y correcto del impacto en el tráfico que tendrá la apertura de un equipamiento tan importante y tan grande», y pide al portavoz de Ciudadanos, David Dorado, que hace unos días reclamó la puesta en marcha de un plan de tráfico, «que deje de intentar tomar notoriedad con el tema, pues puede llevar a crear una alarma innecesaria que no tiene en absoluto base ni justificación».

APARCAMIENTOS // El informe técnico del departamento de Movilidad prevé que la mitad de los 700 trabajadores que se desplacen en vehículo propio a la Ciudad de la Justicia, es decir, 350, podrán aparcar en las plazas existentes en el sótano del edificio. En cuanto al impacto global sobre el aparcamiento, el estudio concluye que la demanda de plazas de aparcamiento para los futuros visitantes previstos «se cubrirá sin dificultad con el superávit existente en la zona, aunque pudiera irse a una creciente demanda adicional no residencial con la creación de nuevos equipamientos en el futuro». Además, asegura el estudio que «no existirá presión del foráneo en la búsqueda del estacionamiento, que será mínima», y que las personas que viven en Arroyo del Moro no van a tener más problemas de lo habitual a la hora de aparcar. «Podrá hacerlo seguramente en la puerta de su casa, o en una calle próxima».

El Ayuntamiento descarta además la regulación del aparcamiento en la vía pública mediante parquímetros y, tal y como pedían los vecinos, no habilitará solares públicos para que sean usados como aparcamiento, a menos que se demostrara su necesidad. De hecho, para abordar esta cuestión, Andrés Pino ha mantenido conversaciones con los vecinos, en las que se llegó al acuerdo de ofertar a trabajadores y usuarios diarios de la Ciudad de la Justicia el uso en régimen de alquiler del aparcamiento subterráneo de Vimcorsa, junto a la Comisaría del Parque Figueroa, y ofertar en rotación las plazas que pudieran quedar disponibles.