El Ayuntamiento de Córdoba tiene atascadas más de 600 reclamaciones de los últimos tres años que quiere agilizar. En estos momentos, y según los datos facilitados este viernes por el delegado municipal de Gestión, Antonio Álvarez, hay más de 600 expedientes de responsabilidad patrimonial sin resolver o, lo que es lo mismo, quejas que presentan los ciudadanos con el objetivo de ser indemnizados por el Ayuntamiento por las lesiones sufridas en sus bienes y derechos y que son consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, exceptuando las que se deriven de casos de fuerza mayor.
Pendientes desde el 2018 tiene el Ayuntamiento unos 200 expedientes; del 2019, 299; y del 2020, 117. De los provenientes del 2018, la mayoría están iniciados. En cuanto a los del 2019, hay 65 comenzados y 20, resueltos; mientras que de los del 2020, se encuentran en marcha 25 y únicamente se han resuelto 2.
La reclamación más frecuente es la que se produce por caídas de distinto tipo en la vía pública, que representa el 75% del total. En el caso concreto del 2019, hubo 178 reclamaciones por caídas mientras que en el 2020 van ya 65. Otra queja habitual es la que se inicia por daños producidos de caídas de ramas y árboles, que generó el 12% de las presentadas en 2019 y el 19% de las tramitadas este año.
La situación no es nueva y viene arrastrándose desde hace tiempo. El concejal asegura que cuando llegó a Gestión hace más de un año se encontró con «un maremágnum de inactividad en responsabilidad patrimonial, con expedientes del 2017 sin iniciar». El responsable de Gestión, donde se tramitan estos expedientes, reconoce que «el área adolecía de falta de personal y que no había jefe de departamento de análisis de responsabilidad patrimonial», que se ha nombrado hace unos días, «y solo había uno o dos auxiliares».
La práctica, añade, era la «de optar por que transcurrieran los plazos y que, por silencio administrativo negativo, se pudiera acudir a la vía jurisdiccional en reclamación, al contencioso», pero esa fórmula «resulta negativa para los intereses del Ayuntamiento». De hecho, semana tras semana la junta de gobierno local suele incluir sentencias relacionadas con caídas en la vía pública, unas veces favorables al Ayuntamiento y otras no. En este último caso el Ayuntamiento se ve obligado a pagar la indemnización, o parte de la misma, que se le reclama.
Para agilizar estos expedientes y los de contratación, que también llevan bastante retraso desde hace tiempo, el Ayuntamiento ha creado una dirección general específica para contratación dentro del área de Gestión, que, por lo tanto, se divide en dos. Antonio Álvarez explica que Gestión a partir de ahora «va a funcionar con dos direcciones generales, una específica de contratación y otra de patrimonio, responsabilidad patrimonial, estadística y atención al ciudadano».
La idea al implantar esta nueva medida es, según Álvarez, establecer indicadores que «ayuden a mantener los estándares de calidad y que las cosas sean más ágiles». El problema, según indica el concejal, «no suele estar en contratación como tal, sino en la necesidad de muchos informes de otros departamentos, que a veces se tarda en ellos».
Otra de las medidas que ha tomado el Ayuntamiento para agilizar proyectos es la creación dentro del Imdeec de una oficina específica para tramitar las iniciativas que se sufragarán con fondos Feder dentro del programa Edusi, que tiene el 2022 como fecha de caducidad y del que queda prácticamente todo por ejecutar.
