La junta de gobierno local aprobará por fin esta semana el protocolo de colaboración institucional para la exhumación de las fosas de los cementerios de San Rafael y la Salud de Córdoba. El documento, que aún no tiene fecha para su rúbrica aunque se quiere que sea «pronto», es al menos un paso más en el largo proceso que esperan culminar con ansiedad muchas personas que siguen teniendo familiares allí enterrados.

El protocolo de colaboración es un acuerdo de intenciones que será rubricado por el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y por los representantes del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, que preside Carmen Calvo; la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, con Patricia del Pozo al frente; y la Diputación de Córdoba, que preside Antonio Ruiz. Es decir, por todas las administraciones, una de las aspiraciones principales de las asociaciones memorialistas y de los familiares.

El concejal de Gestión y presidente de la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosan), Antonio Álvarez, explica que hoy por hoy el protocolo no incluye dotación económica, pero es un primer paso para iniciar las exhumaciones en la capital cordobesa. No se atreve a hablar de plazos. «De momento, sabemos que el acuerdo, que tendrá un desarrollo normativo posterior, va a contar con el apoyo económico de la Junta de Andalucía, porque así nos lo confirmó en su última visita a Córdoba el viceconsejero, y por parte del Gobierno de España», indica el edil de Ciudadanos.

De este modo, el protocolo para la exhumación de fosas deberá concretarse en un acuerdo de intervención que incluya plazos y cantidades, y se basará en el estudio llevado a cabo por un equipo científico entre los meses de enero y noviembre del 2019. Aquellos trabajos de investigación arqueológica y antropológica en el cementerio de La Salud concluyeron que es «viable» la intervención en determinadas zonas y cuadros (la fosa colectiva y los cuadros de La Trinidad, San Demetrio y San Plácido), donde podrían localizarse y exhumarse entre 800 y 1.000 cuerpos. El amplísimo informe que este equipo de antropólogos, forenses e historiadores entregó en otoño del 2019 a las administraciones llamadas a financiar la actuación, tras la solicitud de familiares de víctimas del franquismo asesinadas en Córdoba e inhumadas en los cementerios de San Rafael y de La Salud, planteaba un programa de actuaciones en sendos camposantos a la luz de sus hallazgos. La idea es que las administraciones puedan impulsar actuaciones por medio de proyectos que salgan a concurso público.

En cuanto al cementerio de San Rafael, el estudio se remitía al informe público de junio del 2018, realizado por la Junta de Andalucía, de localización de posibles enterramientos que determinaba como zonas de posible localización el cuadro de San Acisclo y el llamado cementerio civil, donde las características de la zona y la referencia a la existencia de una fosa colectiva harían viable la realización de sondeos para la detección de inhumaciones en masa.

En noviembre del 2019, el alcalde, José María Bellido, se comprometió ante miembros de la asociación Dejadnos Llorar a emprender las exhumaciones siempre que las otras administraciones implicadas, Junta y Gobierno, siguieran adelante con el proyecto inicial. Esta semana se puede dar un paso más.