Con el conflicto del sector del taxi de plena actualidad, la junta de gobierno local tomó conocimiento ayer de un auto de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que puede afectar a la ordenanza del taxi en Córdoba. Con fecha 24 de julio, el TSJA considera que no es competente en el recurso que interpuso la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) contra la ordenanza, elevando el asunto a la Audiencia Nacional, que será quien finalmente decida sobre el futuro de esta norma municipal.

Fue precisamente la asociación mayoritaria del taxi en Córdoba, Auttacor, la que se presentó en este proceso como codemandada junto al Ayuntamiento de Córdoba, y a raíz de que la ordenanza de Málaga iba a ser estudiada por la Audiencia Nacional, Auttacor planteó la incompetencia del TSJA considerando que también le correspondía a la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional tomar una decisión sobre la ordenanza cordobesa. "El futuro dirá cómo queda la demanda, pero de momento para Auttacor es positiv que se haya aceptado que este pleito pase a una sala de la Audiciencia Nacional", afirma Miguel Ruano, presidente de Auttacor.

La CNMC recurrió la ordenanza del taxi en enero del 2016, es decir, siete meses después de su aprobación por el pleno de Córdoba en mayo del 2015. La principal novedad del texto es que unificaba los criterios en cuanto a la bajada de bandera, que se aplicaban de distinta manera en Córdoba. Para la CNMC, la norma «restringe la competencia y encarece el servicio en contra del bienestar de los ciudadanos». La CNMC presentó recurso no solo contra la ordenanza de Córdoba, sino también contra la de Málaga por el mismo motivo.

OTRO RECURSO / La de la CNMC no fue la única demanda presentada contra esta ordenanza. UGT también acudió a la justicia y el TSJA estimó parcialmente su recurso en junio de este mismo año. En concreto, le dio la razón al sindicato en cuanto a la dedicación exclusiva de los conductores autónomos colaboradores y asalariados, y al contrato laboral de estos últimos, pero desestimó la pretensión de modificar el contingente de taxis en Córdoba, con una ratio de 1,55 taxis, el sistema de descansos, la regulación horaria o el plazo de 10 años para la revisión del número de licencias en función de la población.

La CNMC, por su parte, ha impugnado principalmente «restricciones cuantitativas a la entrada de taxis, puesto que los ayuntamientos han fijado un número máximo de licencias de taxi que pueden operar en los términos municipales», una decisión que «limita la entrada, fracciona el mercado, reduce la disponibilidad y variedad de vehículos, aumenta el tiempo medio de espera, y limita la competencia entre los operadores». Otras limitaciones, a juicio de la CNMC, son «las restricciones al libre establecimiento del precio, pues la normativa incluye un precio fijo que impide a los operadores competir libremente y bajar o modificar precios de los servicios en perjuicio de los usuarios».

Otra restricción, según el organismo de la competencia, es «la participación de las asociaciones de titulares de licencias de taxi en las decisiones administrativas sobre el número de taxis o el nivel de los precios», un procedimiento administrativo que, según la CNMC, «captura al regulador y evita que los operadores compitan entre sí, perjudicando a los usuarios».

En suma, para la CNMC, la ordenanza del taxi era «un ejemplo de mala regulación que configura un régimen de monopolio en los servicios de taxi que resulta muy costoso en términos de bienestar» y de precio. Según sus informes, la norma podría tener un coste para los usuarios al menos de 2,5 millones de euros al año en Córdoba.