El atasco de demandas por cláusulas suelo en los juzgados de Córdoba parece no tener fin por más refuerzos o intentos que se hagan por descongestionar la situación, ya que el ritmo de presentación de nuevas demandas no decae, a juzgar por los datos sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos judiciales hechos públicos ayer por el Consejo General del Poder Judicial, y el ritmo con el que se resuelven no alcanza la velocidad de crucero. Si el 2018 se cerró con 4.364 demandas pendientes de resolución, el primer trimestre del año ha acabado con 4.828 asuntos pendientes. Y es que, en los tres primeros meses de este año ingresaron 1.002 nuevos asuntos (un 68% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando hubo 596, aunque menos que la registrada en el cuarto trimestre del 2018, cuando se alcanzó el pico más alto, con 1.650), pero solo se resolvieron 538 casos, por lo que la cifra total no arroja ningún avance sino todo lo contrario.

La información coincide con los datos de la Comisión de Seguimiento de Cláusulas Suelo, que sitúa a los juzgados andaluces como los segundos que más lento resuelven estos asuntos en España, con una tasa de resolución del 24%, solo superada por Cataluña, donde está en el 19%.

Según el último estudio de la comisión, menos de la mitad de las solicitudes por cláusulas suelo presentadas a las entidades bancarias son estimadas y de esas se resuelven con acuerdo el 93%. Según los datos recabados relativos a marzo de este año, el importe medio que están devolviendo los bancos a los clientes que consiguen negociar un acuerdo se sitúa en 4.512 euros. El 20% de las solicitudes presentadas son directamente desestimadas, un 34,6% son inadmitidas por los bancos, principalmente por considerar las entidades que no se trata de cláusulas suelo. En marzo del 2019, se registraron en España 1.190.694 solicitudes de cláusulas suelo en los bancos, que se tradujeron en la devolución de 2.222,9 millones de euros, 1.850,7 millones en efectivo y el resto, a través de otras medidas compensatorias o con alguna «fórmula mixta».

El informe del CGPJ recoge otros parámetros ligados a los efectos de la crisis como la cifra de procedimientos por ocupación ilegal, 11 en tres meses; y de de despidos presentados en los juzgados de lo social de la provincia, 352 de enero a marzo, un 24,3% más que en el mismo periodo del año anterior.