La Asociación Provincial de Personas Sordas de Córdoba ha denunciado la "asfixia financiera a la que nos tiene sometidos la Junta de Andalucía tanto a nuestro colectivo como a la Federación Andaluza de Asociaciones de Personas Sordas (FAAS), ya que con ello está condenando a la exclusión social de las personas sordas". Según esta asociación, "en solo dos años, por la fuerte reducción de las subvenciones de la Junta, hemos pasado de contar con una ratio de un intérprete por cada mil personas sordas, a uno por cada 10.000". El presidente de la Appsc, Carlos Granados, indicó que en Córdoba "hay más de 5.000 personas sordas o con alguna discapacidad auditiva que necesitan de un intérprete para acudir al médico, realizar tareas administrativas o ir a un juicio, por ejemplo y solo hay uno para la provincia, cuando antes eran 4, lo que ha supuesto un retroceso de dos décadas. Además, ni siquiera cobran puntualmente por la deuda que la Junta mantiene con la FAAS de 3 millones de euros". El responsable de este colectivo denunció que "en los últimos tres años la Administración andaluza ha dejado de pagar subvenciones dirigidas a programas de empleo o a intérpretes de lenguas de signos, lo que nos está obligando a reducir servicios, a la vez que se multiplica la demanda para acceder a estos programas de empleo, ya que la tasa de paro entre las personas sordas triplica a la del resto de población". Granados lamentó que, por un lado, la Junta apruebe la ley de noviembre de 2011 que regula el uso de la lengua de signos, mientras que por otra parte comprometa su utilización al no cumplir con los pagos para soportar el servicio". Desde la FAAS "dan un ultimatum de un mes al Gobierno regional para aplicar un calendario de pagos. Comprendemos la situación, pero no se pueden tocar los derechos humanos de las personas sordas ni en servicios fundamentales para su vida, porque retrocedemos en igualdad".
