El debate sobre la presencia institucional de concejales en actos religiosos se zanjó con la aprobación de una moción del PP, apoyada por UCOR, que garantizará "la presencia física de los miembros de la Corporación en aquellas manifestaciones que formen parte de estas tradiciones". Pese a los minutos empleados en la refriega, no se determinó si realmente dicha moción cambia en algo lo que se ha hecho hasta ahora. Curiosamente, PP e IU esgrimieron el concepto de "libertad" y la Constitución para defender sus posturas. El portavoz del PP, Miguel Angel Torrico, reconoció que la iniciativa se redactó como respuesta a una rueda de prensa que Francisco Tejada (IU) ofreció junto a un miembro de la plataforma Córdoba Laica, que pide la separación entre Iglesia y Estado: "No pedimos la obligatoriedad de la asistencia, pero fue una reacción a IU por decir que prohibirían asistir a los ediles a la Semana Santa". Tejada le respondió que lo que IU plantea "es la separación entre la institución y la religión y que asistir o no fuera una decisión libre". También dijo que lo quiere el PP es "una vuelta al nacionalcatolicismo".
El concejal de IU Curro Martínez preguntó cómo van a garantizar la asistencia: "Yo no voy a estar sentado en ningún palco de Semana Santa, ni en ningún evento taurino. Eso tiene un nombre: libertad. Y tengo una duda: si no voy, ¿me van a sancionar o me van a llevar esposado? IU no tiene nada en contra de la Semana Santa. El que quiera asistir que lo haga y quien no quiera, no", apuntó.
El PSOE, que votó en contra, se negó a debatir la propuesta por entender que "en la ciudad están pasando muchas cosas, que 45.000 parados están esperando a que se haga algo, para traer esta frivolidad", dijo Inmaculada Durán.
Por otro lado, se aprobó por fin la disolución de la empresa municipal Procórdoba --sus seis trabajadores se integrarán en la Gerencia-- y, con el voto en solitario del PP, la privatización de la residencia municipal de mayores Guadalquivir. La concejala de Servicios Sociales, María Jesús Botella, justificó la extinción de la prestación por la aplicación de la reforma de la ley de bases y garantizó que se respetarán los empleos. Para Tejada es un insulto que el PP se escude en la reforma porque "ya llevaba la privatización en el plan de ajuste del 2012" y dijo que la residencia será "un negocio redondo" para la futura empresa adjudicataria.
Mayor debate generó el futuro del alumbrado municipal. José Carlos García, delegado sindical de CCOO, recordó que son "un servicio con 30 años de experiencia" y preguntó al alcalde que "¿por qué cambiar algo que funciona bien? No se puede delegar en una empresa que por su naturaleza irá en su propio beneficio". IU y PSOE pidieron al PP que suscribiera la petición de que el alumbrado siga siendo público, pero la concejala de Infraestructuras, Laura Ruiz, defendió su gestión público-privada, al tiempo que dijo a los trabajadores que "no tienen que temer absolutamente nada".
