Ni Rafael Gómez ni sus cuatro hijos ordenaron jamás pagar menos impuestos, ni dieron nunca instrucciones en asuntos contables ni fiscales de sus empresas. En eso coincidieron ayer una docena de asesores, auditores y trabajadores de las empresas del grupo Arenal, y ese extremo fue el que se ocuparon de resaltar las defensas del empresario y exconcejal de UCOR y de sus hijos en la segunda sesión del juicio que se sigue contra ellos por defraudar supuestamente casi 60 millones de euros. «No se preocupaban de esos asuntos», aseguró el director financiero del grupo de empresas de Rafael Gómez al referirse a los acusados, para los que el fiscal pide 44 años de prisión por 11 delitos contra la Hacienda Pública, en el caso del empresario, y 22 años para cada uno de los hijos por otros ocho delitos fiscales.

El director financiero del grupo declaró que la familia Gómez nunca se interesó por cuánto tributaba y que no sabía si era consciente de lo que pagaba. «No preguntaban», afirmó. Por su parte, el jefe de contabilidad insistió en que no tenía «conocimiento» de que los asuntos contables y fiscales se consultaran con el consejo de administración ni que este se reuniera. «Estábamos a un nivel de financiación elevado y acudimos a una auditora de prestigio», en gran medida por recomendación de los propios bancos, explicó. «Todo lo que el auditor decía, lo hacíamos», añadió, y eso porque les interesaba que «la auditoría estuviese limpia» para que «las entidades bancarias tuvieran confianza».

Los auditores, de su lado, coincidieron en que nunca trataron con la familia Gómez ni recibieron indicaciones de esta. Los que se encargaron de los ejercicios 2005 y 2006 apuntaron que la auditoría del primer año fue favorable, pero no pudieron acabar la del segundo porque «faltaba muchísima documentación». Los auditores lo achacaron a «las dificultades que pasaba el grupo». Se referían a que cuando detuvieron a Gómez por el caso Malaya la empresa «se vino abajo», por lo que apuntaron a que más que un ánimo de ocultar información se debía a que «no había personal» a partir de entonces. «No tengo constancia de ninguna ocultación» a la Hacienda Pública, señaló uno de los asesores. Eso sí, advirtieron de que como trabajaban con «cuentas no cerradas» la declaración que se presentase se debería complementar posteriormente. A este respecto, el jefe de contabilidad discrepó y señaló que «le dimos los balances que consideramos cerrados». El director financiero relató que en el 2006, tras la detención de Gómez, la banca, «alegando riesgo reputacional», exigía el pago de una deuda que cifró en 2.000 millones de euros, por lo que tuvieron que vender activos.

De su lado, los encargados de las auditorías del 2003 y 2004 señalaron que las empresas nunca se negaron a hacer los ajustes propuestos, mientras que un asesor externo declaró que siempre que la Agencia Tributaria reclamó información «se facilitó de forma diligente». También explicó que si no presentó la declaración sobre patrimonio de Gómez en el 2004 fue porque el programa informático «me impedía imprimirlo» porque no estaba dentro de los límites. «¿Le sugirieron Gómez o sus hijos no tributar?», le preguntaron a uno de los asesores fiscales. «No, ni lo hubiera permitido», sentenció en el cierre de la segunda sesión.