El informe de la asesoría jurídica se apoya en el «interés público» para justificar la modificación del contrato formalizado el 30 de julio del 2014 con los dos arquitectos (UTE Parque Joyero-Terrados Suárez) y que estos redacten un documento refundido para continuar con las obras. También alude a la necesidad de acortar plazos «para evitar la ruina de lo ya construido» y mayores costes. La asesoría jurídica considera que la resolución del contrato con UCOP es «una causa sobrevenida» que afecta al firmado con los arquitectos y que obliga a realizar cambios en el proyecto original, cuya propiedad intelectual es de ellos. El informe considera que el contrato con los arquitectos es independiente al rubricado con UCOP. A su juicio, las obras «deben culminarse ineludiblemente a la mayor brevedad por razones de interés público por una nueva empresa» y en «los mismos términos que definía el proyecto aprobado en su día, aunque con la necesaria modificación derivada de la actuación culposa» de la adjudicataria», y con la participación de los autores del proyecto. En caso contrario, añade, haría falta un estudio del edificio y del proyecto por otros técnicos, lo que elevaría el coste. Además, cualquier técnico «no tendría el conocimiento del proceso».

Retomar las obras no está siendo fácil. El Ayuntamiento tramita el reinicio desde marzo del 2018, momento en el que acordó la resolución del contrato con UCOP, con la que tiene problemas desde que pidió una modificación del proyecto al poco de empezar la obra -iniciada en marzo del 2015-. La liquidación del contrato se produjo el 24 de mayo y el 13 de junio fue el acta de recepción, paso tras el que Gestión pidió un informe sobre las actuaciones que hay que llevar a cabo para culminar las obras. I.L.