Sobran razones para reclamar una renta básica de inclusión para las familias sin recursos y en riesgo de exclusión en Andalucía. Eso argumenta la comisión promotora de la iniciativa legislativa popular que debe recoger al menos 40.000 firmas para que el Gobierno andaluz convierta en realidad un artículo, el 23.2, de su propio Estatuto de Andalucía. La comisión, conformada, por los sindicatos CCOO y UGT, UCA-UCE, Cepes, CAVA, Caonga, EAPN, Primavera Andaluza, Progresistas de Andalucía y Attac, y apoyada en Córdoba por colectivos como la Federación de Vecinos Al-Zahara o Secretariado Gitano, tiene de plazo hasta el 1 de junio para recoger las firmas por toda la comunidad andaluza.

El secretario provincial de CCOO, Rafael Rodríguez, explicó que la renta básica iría acompañada de un compromiso para la incorporación al trabajo y se cobraría por tramos, en función de los miembros que tenga la unidad familiar (un mínimo de 426 euros y un máximo de 681 euros). Rodríguez expuso algunas de las cifras que en Córdoba piden a gritos la implantación de esta medida, como que hay una tasa de desempleo del 35,73% y que 80.000 hogares tienen a todos sus miembros en paro. La secretaria de UGT, Isabel Araque, recordó que en el 2007 ya hubo un anteproyecto para legislar la renta básica y señaló que su fin último es "evitar la exclusión social". "La renta básica es la última red de protección cuando ya no hay ningún tipo de ayuda".

El presidente de los vecinos, Francisco Rojas, por su parte, reivindica junto a la renta básica un plan individualizado que recoja cada situación particular y apostó por "la solidaridad" y "la distribución de la riqueza". Desde Cepes se subrayó la importancia de rescatar "la dignidad de las personas" y desde Secretariado Gitano creen que la medida podría contribuir a erradicar "la pobreza estructural y la nueva pobreza".