Dos años después de que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía presentara una denuncia contra España ante el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas por un caso de una ciudadana cordobesa víctimas de malos tratos policiales, el Estado ha contestado sin dar explicaciones a los hechos probados y reconocidos. Según APDH, el Ministerio de Justicia «se limita a negar la veracidad de los hechos y a destacar la ausencia de evidencias que prueben que en el transcurso de una detención y sin identificación previa, una mujer cordobesa fue abofeteada, esposada, golpeada en la cabeza y la nariz y llevada a comisaría sufriendo frenazos violentos que le produjeron golpes en la cara mientras los agentes se reían». Los tribunales, afirman, «consideran superior la declaración de los policías y archivaron la denuncia, pese a «quedar constatadas las lesiones».
