La delegación cordobesa de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) ha criticado que tras dos años de la muerte de Jonatan, un joven de 25 años "que se encontraba en los calabozos de la Comisaría de Córdoba por una pelea la noche anterior y que falleció solo en su celda después de cuatro horas pidiendo auxilio, las investigaciones no avanzan y el procedimiento judicial se encuentra estancado".

Según ha informado en una nota el colectivo, el fallecimiento, del que este martes se cumplen dos años, se produjo por "una peritonitis secundaria a rotura intestinal, que no le fue diagnosticada tras estar varias horas en un centro de salud y en el Hospital Reina Sofía".

La pareja y familia del joven, padre de un bebé, se personó como acusación particular en la investigación y solicitó la grabación de las cámaras, que fue entregada, según ha añadido APDH, por la Policía "incompleta, sin la secuencia final", lo que, en opinión de la asociación, "genera como mínimo sospechas".

En la grabación se observa cómo desde antes de las 18,00 horas, "el joven pedía auxilio de manera insistente", lo que corroboran los detenidos en celdas adyacentes, que han manifestado que oyeron "gritos de dolor" y que el joven presentaba "un evidente mal estado". Pese a ello, según ha denunciado la organización, "no fue trasladado al hospital y falleció solo en el calabozo alrededor de las 22,00 horas".

"Es necesario investigar y esclarecer cuáles fueron las causas por las que, pese a existir una petición de auxilio durante cuatro horas, Jonatan no fue atendido y cómo, pese a asistir en dos ocasiones a urgencias, no le fue diagnosticada una peritonitis de tal gravedad que en 24 horas le causó la muerte", según ha expuesto APDH-A.

"Se da la circunstancia --ha detallado-- que el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura perteneciente al Defensor del Pueblo Español, en su última visita a la Comisaría de Córdoba Este había señalado importantes deficiencias en los calabozos, y se había reiterado en las ya manifestadas en su informe de 2011, entre las que se encontraban 'condiciones muy deficientes de limpieza, climatización, ventilación, luminosidad, conservación y mantenimiento, así como en especial, de videovigilancia'".

Al respecto, la asociación ha revelado que "el informe de la visita del órgano del Defensor del Pueblo Español destaca expresamente que para una rápida actuación de los agentes de custodia en caso de producirse un incidente en los calabozos, los monitores de visualización de las imágenes de videovigilancia, además de ir modernizándose, deberían estar instalados en la zona de custodia, con independencia de que también estén en la zona de control de acceso a las instalaciones".

Además, en marzo de 2015, "la Defensora del Pueblo concluyó la necesidad de instalar sistemas sonoros de llamada en el interior de las celdas y se realizó la sugerencia de instalar monitores receptores en los propios calabozos, actuación que fue rechazada por el Ministerio del Interior por no considerar 'conveniente el cambio de ubicación de los monitores receptores de imágenes de las cámaras ubicadas en los calabozos, dada la necesidad de no disgregar los recursos humanos de seguridad del edificio y custodia de detenidos'", según argumentó.

SISTEMAS Y VIGILANCIA

A juicio de la asociación, "la instalación de los adecuados sistemas de sonoros y los monitores de visualización, unidos a la adecuada vigilancia hubieran impedido o dificultado el fallecimiento". Según han criticado desde APDH-A, "es evidente la necesidad de revisar los protocolos de asistencia a los detenidos, pues con la privación de libertad existe una menor capacidad crítica o de acudir a urgencias".

Además, se hace "plenamente exigible desde el punto de vista humano que una persona que acude a urgencias en dos ocasiones hubiese tenido el derecho al menos a estar acompañado por sus familiares, y de esta manera evitar el desenlace completamente inhumano de fallecer solo en un calabozo tras 24 horas de detención", han defendido.