La empresa Vimpyca lleva esperando desde mayo del 2017 licencia para construir 18 apartamentos que pretende destinar a alquiler social en la antigua residencia municipal de la calle Isabel II. Sin embargo, el proyecto no está resultando fácil.

El inmueble es propiedad de la iglesia de San Pedro pero, a raíz de un convenio firmado entre esta y el Ayuntamiento, fue residencia municipal hasta el año 2007, momento en el que el hogar para mayores fue trasladado al barrio del Guadalquivir. La residencia de Isabel II quedó entonces cerrada. Diez años después, en el 2017, la empresa Vimpyca planteó allí el proyecto de 18 alojamientos protegidos para personas necesitadas, con zonas comunes que les sirvieran de complemento. La idea es, según las fuentes consultadas, que Cáritas canalice la adjudicación de estos apartamentos a las personas que lo necesiten.

El problema ha surgido, según las mismas fuentes, con la calificación del suelo, ya que la residencia está considerada en el plan especial del casco como equipamiento público y no privado. Para resolver ese contratiempo hay varias opciones. Por un lado, la de firmar un convenio entre la iglesia de San Pedro, Vimpyca y el Ayuntamiento para ceder la gestión de uso del equipamiento a la empresa. Por otro, un acuerdo que libere la expropiación. Otras alternativa es una innovación, pero retrasaría el proyecto. Durante el tiempo transcurrido, se han llegado incluso a realizar actuaciones previas, que Urbanismo exigió parar.

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) ha enviado a Urbanismo y a la delegación de Servicios Sociales escritos en los que muestra su apoyo al proyecto, que respalda también el consejo de distrito Centro, ya que considera que pondrá en valor «un edificio actualmente cerrado, abandonado y que solo puede ser causante de problemas para el entorno». El CMC pide la colaboración del Ayuntamiento para que sea viable.

El movimiento ciudadano condiciona su apoyo a que los apartamentos no se dediquen a «personas excluidas», sino a sectores de población con problemas de emancipación o vivienda, como jóvenes o familias monoparentales, y demanda al Ayuntamiento que participe en la adjudicación. El CMC recuerda que la zona de San Pedro-San Eloy y San Bartolomé-Magdalena «ha asumido una responsabilidad más que suficiente en la promoción de viviendas para personas excluidas». No obstante, deja claro que apoyará la promoción de viviendas para personas excluidas «si se distribuye por toda la ciudad». Por último, exige también tener conocimiento del acuerdo al que se llegue con Vimpyca. El presidente del CMC, Juan Andrés de Gracia, explica que «nos parece bien que se le busque una solución» al edificio con esas «condiciones», ya que «un equipamiento cerrado puede generar ocupación ilegal».