El debate sobre la implantación de una tasa turística o ecotasa en Andalucía no es nuevo. En el año 2002, el Parlamento andaluz creó una comisión de estudio que abordó el impacto y la sostenibilidad de un modelo turístico que, por un lado, es atractivo por su rentabilidad económica a corto plazo, pero que conlleva también importantes consecuencias medioambientales. El estudio, de 45 páginas, señalaba la necesidad de «orientar la política turística hacia la sostenibilidad y la calidad» y recalcaba que «para hacer un debate serio sobre la fiscalidad ambiental aplicada al sector turístico, al menos en Andalucía, habría que partir de la importancia que tiene tanto en su vertiente positiva como negativa en la economía andaluza, al ser el sector que más recursos genera y consume en nuestro territorio». En ese momento, el dictamen de la comisión instaba al Gobierno central «a promover un Pacto Fiscal de Estado con criterios ecológicos» y al gobierno de la Junta a «elaborar un proyecto de Ley de Fiscalidad Ecológica y proponía crear «un impuesto, tasa o contribución especial para
gravar sectores productivos con impacto negativo en el medio ambiente, como el turismo», eso sí, rechazando «el modelo de ecotasa turística balear». En el 2017, 15 años después, Podemos presentó una propuesta de resolución en el Parlamento «para elaborar un marco autonómico de coordinación para facilitar que los ayuntamientos andaluces que lo deseen incorporen una tasa turística, como se está haciendo en otros lugares». Solo obtuvo respaldo de Podemos e IU.
